Algo que han tenido en común los ministros de Educación desde hace varios gobiernos han sido los paros docentes. Estos son orquestados por la directiva del Colegio de Profesores, con el objetivo de presionar al gobierno para conseguir avances en su agenda gremial, o limitar iniciativas que afectan sus intereses.
El ex ministro Eyzaguirre enfrentó un paro docente de cincuenta días, que terminó con su salida. El gremio docente decidió parar mientras el ministro negociaba en el Congreso una propuesta para aumentar ostensiblemente las remuneraciones de los profesores. Durante la gestión de la ex ministra Marcela Cubillos, el Colegio de Profesores paró otros cincuenta días. La movilización fue depuesta después de constatar su debilitamiento, es decir, la directiva presionó hasta que las bases los abandonaron. Lo más llamativo ese año fue la insistencia por parte del presidente del gremio de que fuera la ministra la que dialogara con ellos, y no el subsecretario. Esta exigencia – un capricho algo vanidoso - fue el tema central durante las cuatro primeras semanas de la paralización.
Durante los graves desórdenes de octubre de 2019, el gremio docente buscó boicotear el Simce y, además, llamó a los docentes a no impartir clases y a los apoderados a no enviar a sus hijos. El apoyo a las movilizaciones de octubre, sin embargo, no fue muy rentable, pues no les permitió que su representante fuera elegido en la fracasada Convención Constitucional. Pero resulta difícil olvidar que para aquella instancia constitucional el gremio decidió proponer la “extinción paulatina” de los colegios particulares subvencionados.
Durante la pandemia, la directiva del Colegio de Profesores se opuso de forma sistemática a la posibilidad de volver a clases presenciales, incluso si las condiciones sanitarias lo permitían. Para esto, lamentablemente, contaron con el apoyo entusiasta del actual oficialismo (que presentó cuatro proyectos de ley para impedir el regreso, pero hoy dice arrepentirse de ello), a pesar de que los docentes fueron fuertemente priorizados en la campaña de vacunación. Cuando el actual ministro Ávila asumió y reconoció el error de mantener las escuelas cerradas durante tanto tiempo, el presidente del Colegio de Profesores lo fustigó duramente. Luego, cuando finalmente el Mineduc se decidió a reaccionar a los daños educativos de la pandemia después de meses de dispersión, el gremio se opuso a las tutorías, la medida más potente de las que se propusieron.
Ahora la directiva del Colegio de Profesores vuelve a amenazar al actual Mineduc por el pago de la denominada “deuda histórica” (que será financiada con un alza de impuestos, según el gobierno), planificando un paro, pero para después de las vacaciones de invierno. Esta semana se reunieron con la Subsecretaria de Educación y la directiva reiteró sus críticas, sin que los distrajera que las comunidades de más de mil colegios fueron afectadas por las recientes lluvias y que el ministro se encuentra en terreno.
Pido perdón al lector por la extensión de este texto, pero creo que contribuye a poner en perspectiva que la estrategia de movilización y acción gremial de las sucesivas directivas nacionales del Colegio de Profesores, dista mucho de contribuir a un mejor sistema de educación escolar. Pero esto no parece debilitarlos, en parte porque las agendas políticas y electorales de las directivas se camuflan en las necesidades y urgencias de decenas de miles de profesores que cada día mantienen en pie la educación chilena, y en parte porque la clase política, con notables excepciones, le aterroriza enemistarse con ellos. Pero tarde o temprano, este modus operandi se agotará y los buenos docentes se inclinarán a elegir mejores líderes.
Por Daniel Rodríguez, director Ejecutivo Acción Educar
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