Las páginas de la prensa dedicadas a educación llevan mucho tiempo mostrando varias crisis simultáneas, relacionadas, en su mayoría, con problemas de gestión y deficiencias de diseño e implementación de las reformas de Bachelet II, en particular la Ley de Inclusión. El conflicto de Atacama ha sido el más visible, y termina siendo una suerte de escenario en el cual todos los problemas confluyen. Ahora último, la falta de cupos y los niños sin matrícula en Copiapó (según reportó un diputado) y en varias regiones del país.
Autoridades han dicho dos cosas de mucho interés respecto al problema de falta de cupos. Cito dos de la Subsecretaria de Educación (1) “tenemos menos oferta que demanda [de cupos]” y, en segundo lugar (2) “la oferta que hay no es satisfactoria para las familias […] las familias tienen cupo, pero no en un establecimiento que quisieran”.
Estas son consecuencias de manual de cuando el Estado trata de reemplazar al mercado. El Estado no es solo lento para responder, sino que no cuenta información equivalente a la de miles de familias y colegios tomando decisiones de forma simultánea. Por lo tanto, toma opciones equivocadas.
En primer lugar, por falta de información arriesga fomentar la oferta donde no es necesaria. Segundo, se comporta, como es esperable, por un criterio ideológico – el actual gobierno busca dar preferencia a la creación de oferta pública por sobre la particular subvencionada, a pesar de que las familias prefieren justamente lo opuesto. Tercero, el Estado se muestra esquivo al entregar a los particulares subvencionados las herramientas para crecer y atender la demanda.
Esto obedece a una visión muy arraigada en el oficialismo: que el principal problema de la educación pública es la educación particular subvencionada. Esto no es un invento, esta tesis fue la columna vertebral de la propuesta de la Convención Constitucional en educación.
La implementación de los SLEP ha sido la demostración más clara de lo equivocada de esa tesis. Algunos servicios han tenido resultados notables en el Simce - Huasco, Gabriela Mistral, Llanquihue– otros menos, pero la variable clave de su éxito ha sido la buena gestión, la tenacidad, la innovación y profesionalismo de los directores ejecutivos, la capacidad de atraer buen capital humano. A nadie le ha ido bien atacando la educación particular. De hecho, en Atacama, donde el sistema ha hecho crisis, la oferta particular subvencionada es considerablemente inferior al promedio nacional. No está el vecino al cual echarle la culpa.
Si la educación particular subvencionada no es la enemiga de la educación pública, ¿qué hacer entonces? Activar, promover y potenciar el sector privado para solucionar los problemas que aquejan al sistema, algo que puede hacerse disminuyendo la “permisología” en educación. Eliminar las absurdas y burocráticas restricciones a la creación de nuevos colegios – manteniendo el reconocimiento oficial como control de calidad – o la apertura de nuevos cursos (¿sabía usted que un colegio que llega hasta 7mo básico tiene que pedir permiso y presentar a la Seremi correspondiente un estudio de “demanda insatisfecha” para abrir 8vo básico, lo que puede tardar años?). También se debería, en lugar de reiterar los argumentos a favor o en contra de la selección, potenciar y financiar la apertura de más cupos en los colegios más preferidos, sean público o privados, para que el Estado invierta donde los padres muestran sus preferencias. Buscar alternativas, que permitan a los colegios particulares pagados acceder a crédito para financiar obras.
Utilicemos todas las herramientas para enfrentar esta crisis. Porque se trata de un solo sistema, y no de uno contra otro.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
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