Columna de Daniel Rodríguez: Presupuesto 2025 y financiamiento escolar

Esta noticia no es nueva: según el INE, en agosto de 2024 el número de nacimientos en Chile bajó en un 20,9% respecto al mismo mes en 2023. Aunque oscilante, la tendencia es descendente.

Esto se manifiesta en el muy discutido proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público de este año, donde los recursos de la subvención de escolaridad se ajustaron en -6,7% por una “leve disminución” de la matrícula, según indicó la Dipres. En 2024 se ajustaron en -2,2%. En los dos años anteriores las cifras están distorsionadas por la caída de la asistencia producto de la pandemia. El punto es que la institución a cargo de las finanzas públicas está observando la disminución de la matrícula, y ajustando los recursos.

Es cierto que no es momento fiscal para pedir más recursos, pero parece necesario al menos revisar la idea de ajustar a la baja el presupuesto escolar solo por la baja de la matrícula. Los datos reportados a la OCDE indican que Chile gasta 6.374 dólares (ajustados por poder de compra) por niño en educación primaria, ubicándose antepenúltimo entre los países comparados. Mientras que Australia invierte US$12.191, la cifra en Estados Unidos es de US$15.270.

Nuestro sistema de financiamiento tiene críticos, que pueden interpretar la situación antes descrita como un argumento para modificar la lógica de la subvención. Pero esto es equivocado, al menos por dos razones. La primera es que estamos en una ya prolongada crisis de ausentismo crónico, que arrastramos desde la pandemia. El sistema vigente incentiva a los establecimientos a promover la asistencia. En segundo lugar, el dinamismo en el número de estudiantes dentro del sistema es una razón para mantener un sistema de financiamiento a la demanda, y rechazar instrumentos a la oferta. En un escenario de disminución de la matrícula, la subvención por estudiante incentiva la eficiencia en la conformación de cursos, mientras que el financiamiento de escuelas por variables de oferta (por ejemplo, número de profesores o metros cuadrados), incentivará la capacidad ociosa. Hay excepciones a esta lógica (las escuelas rurales, por ejemplo) pero como regla general, se sostiene.

Lo que no se sostiene, sin embargo, es reducir los recursos que el país le asigna al sistema escolar porque la población disminuye. Por el contrario, debiéramos buscar mantener el nivel de gasto, incrementando el valor unitario de la subvención, allegando así más recursos por estudiante. La diminución del número de niños, si bien un problema en múltiples dimensiones, puede ser una oportunidad para gastar más por cada niño. Una meta podría ser subir en la tabla de la OCDE, aproximando a países como Nueva Zelanda y República Checa. Pero si la disminución de la matricula es aprovechada como un “ahorro”, que permite reasignar recursos para condonar el CAE o pagar la deuda histórica, el futuro se ve poco prometedor.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar