Columna de Daniel Rodríguez: Presupuesto en educación y reactivación
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha adelantado que la Ley de Presupuestos del sector público para el año 2024 será austera. ¿Debiera preocupar esto en educación? Sí.
El presupuesto en educación es vasto, pero menos flexible de lo que se cree. Cerca del 80% de estos recursos son transferencias para el servicio educativo: subvenciones escolares, alimentación y asistencialidad escolar, y becas y gratuidad en la educación superior. Se trata de obligaciones que el Poder Ejecutivo no puede disminuir. Por lo tanto, el análisis debe centrarse en los componentes variables que pueden ser modificados con más flexibilidad por la autoridad en la tramitación de la ley, y que transmiten sus prioridades.
De partida, es importante invertir más en educación. Como indican datos de la OCDE, los países miembros gastan en promedio US$ 10.658 (PPP) por estudiante en educación básica, mientras que en Chile gastamos cerca de US$ 5. 917. Independiente de la necesaria austeridad, no debemos olvidar que el gasto neto es aún bajo para nuestras aspiraciones.
En segundo lugar, se debe revisar la eficacia de la inversión en reactivación educativa. En el presupuesto vigente resulta difícil identificar los recursos específicamente dedicados a esto - los que alcanzarían, supuestamente, más de 250 mil millones de pesos según el Mineduc - haciendo difícil el monitoreo de su ejecución y eficacia. Incluso dentro de esos recursos se encuentra el programa “Habilidades para la vida” que, según un análisis alta calidad científica, no tiene efecto alguno y su definición es preocupantemente opaca. La glosa presupuestaria que define el gasto de más de 21 mil millones de pesos apenas especifica que “Incluye recursos para la promoción del bienestar, apoyo psicosocial y la detección, prevención e intervención en trastornos de salud mental que afectan a los estudiantes”. Es necesario que los parlamentarios exijan al Ejecutivo precisar el gasto en reactivación, transparentar su uso y en caso de HPV, orientar estos recursos a la recuperación forzando mejor definición técnica de la política.
Un segundo eje debiera ser una reasignación importante de recursos. Si bien este es un trabajo de detalle que tiene poco sentido profundizar aquí, hay un tema prioritario: repensar los centros de formación técnica estatales. Por ejemplo, estos centros requirieron para infraestructura, sobre 29 mil millones de pesos. ¿Cuál es el sentido de ese volumen de inversión para crear cupos nuevos, en centros no acreditados, cuando instituciones históricas y de claro foco público, como INACAP y DUOC están en todo el país y cuentan con la máxima acreditación de calidad posible? Además, ha sido de una ineficiencia notable: a julio solo se han transferido (ni siquiera ejecutado) solo mil de los $ 29 mil millones asignados. Es cierto que los programas de infraestructura son en general, procesos administrativos que toman tiempo, pero se trata de un caso extremo. Estos recursos son más urgentes en la reactivación educativa.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
