La gratuidad, la principal política de financiamiento en educación superior, tiene un diseño que requiere aplicar restricciones a la autonomía de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica adscritos, que afectan el dinamismo e inclusión del sistema. El arancel regulado es el valor más relevante a la hora de determinar si la gratuidad permite y potencia un sistema de calidad, o termina siendo perjudicial para el mismo.
La determinación de los aranceles regulados es un proceso altamente reglado por ley. El gobierno anterior comenzó el primer proceso, sin embargo, la metodología aplicada fue cuestionada por las instituciones adscritas ante la Contraloría, lo que llevó a la Subsecretaría actual a dejarlo sin efecto, posponer su entrada en vigor, y comenzar nuevamente. El nuevo proceso de fijación, liderado por la Subsecretaría de Educación Superior, se inició en noviembre del año pasado y concluye a fines de abril. Lamentablemente, adolece de varias deficiencias.
En primer lugar, el proceso de consulta y participación de las instituciones de educación ha sido muy acotado en el tiempo y no se ha permitido un diálogo fluido. La consulta se realizó mayormente en el mes de febrero (momento en que las instituciones están en receso) y la mitad de marzo (momento de admisión, muy exigente para las instituciones). Los documentos y borradores previos, que circularon en noviembre para opinión de las instituciones, eran incompletos, y su orientación era radicalmente distinta en su contenido a lo que finalmente se resolvió. Las instituciones nunca pudieron hacerse una idea concreta de las consecuencias de la regulación propuesta hasta muy avanzado el proceso.
En segundo lugar, hay errores técnicos. La metodología propuesta por la Subsecretaría se basa exclusivamente en datos de 2021, año atípico marcado por la pandemia y las adaptaciones. Por otra parte, la clasificación de las carreras, vital para fijar los precios, incumple la ley al no considerar simultáneamente los costos de las carreras con su estructura curricular. Además, la Subsecretaría optó por utilizar datos de los ingresos de las instituciones para ajustar las cifras, algo directamente contrario a una ley que exige regular en base a costos.
Finalmente, la metodología actual no considera el impacto que tendrá sobre el sistema. Si bien este se concentra en un número muy acotado de carreras, los resultados muestran un sesgo en la metodología, que afecta de forma desproporcionada al sector Técnico Profesional (TP) y a las universidades privadas.
En resumen, lo más preocupante de este resultado es que las diferencias entre las instituciones de educación superior tradicionales y las nuevas se profundiza y expande, condenando al sistema a la inmovilidad. Nuestras proyecciones indican que este sesgo lleva a un desbalance del sistema de educación superior. Los resultados discriminan de forma arbitraria a los alumnos TP y de las universidades privadas
El proceso se encuentra en la etapa donde la Comisión Experta para la Regulación de Aranceles realiza sus observaciones, donde esperamos que haga valer sus atribuciones de forma irrestricta (como lo hizo en el gobierno anterior) resaltando los errores del proceso y su consecuencia para el sistema de educación superior. El adecuado desarrollo del sistema, y su misión de consolidarse como el principal movilizador social del país, depende de ello.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo Acción Educar
