Columna de Daniel Rodríguez: Una agenda corta para la educación particular subvencionada

Era esperable, tanto por sus ideas como por el contexto actual, que el gobierno pusiera en primer lugar a la educación escolar pública. Una parte de las fuerzas que hoy son parte del oficialismo resintieron cuando el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet prefirió concentrarse en “quitarle los patines” a la educación particular subvencionada antes de reforzar la educación pública. Por otra parte, la desmunicipalización está en plena implementación, y ha mostrado desafíos y deficiencias de tal nivel (reflejadas con especial dramatismo en la crisis de Atacama) que era natural que el Ejecutivo las abordara. Preocuparse de la educación escolar pública hoy es necesario.

Pero ¿qué ocurre con la educación particular subvencionada? Esta concentra la mayor parte de la matrícula, y es ampliamente preferida por los padres y apoderados en el sistema de admisión escolar. En promedio muestra un rendimiento superior en test estandarizados como Simce y PISA, y cada vez atiende a más estudiantes vulnerables. Sin embargo, para estas escuelas no hay políticas de infraestructura, ni proyecto de ley que aborde sus necesidades. El entramado legal que resultó de las reformas de Bachelet II –que estaban basadas en la desconfianza y en el supuesto de que el Estado es garantía de calidad y transparencia– ha limitado el crecimiento de la educación particular subvencionada, tanto en cupos como en nuevos establecimientos.

Arreglar este problema requiere de una voluntad política que sabemos hoy no existe en el Ejecutivo. Por eso, no parece viable pensar en reformas de tamaño medio que reorganicen y conviertan el marco legal de la provisión particular subvencionada en algo más razonable que lo actual. Sin embargo, si es posible pensar en una “agenda corta”, que pueda ser impulsada desde el Congreso Nacional. Van algunas ideas.

Lo primero es eliminar la restricción arbitraria a la apertura de nuevas escuelas o cupos en la educación particular subvencionada. Esto tiene varios aspectos. El primero es fomentar la creación de escuelas, eliminando la condición de “demanda insatisfecha”. Lo que esta norma hace es condicionar la subvención escolar a que el sostenedor demuestre que hay padres dispuestos a matricular a sus hijos en el colegio nuevo antes de la creación de este. Esto tiene un problema lógico fácilmente observable (¿quién va a querer matricularse en un colegio que no existe?). Esta restricción también opera cuando un colegio quiere abrir un nuevo nivel, lo que lleva a otro absurdo lógico (si un colegio que llega hasta 4to básico quieren abrir 5to básico, es obvio que tiene demanda: ¡sus propios estudiantes!). Ambas limitaciones son absurdas por una razón bastante simple: fueron creadas por razones ideológicas. El oficialismo piensa que mientras más se restrinja la educación particular subvencionada, mejor le irá a la educación pública. Tras varios años de aplicación de la Ley de inclusión, está claro que no es así. Ojalá fuera tan simple.

La segunda restricción es la obligación de los colegios de ser dueños de su infraestructura. Esto implica que la inversión inicial para crear un colegio implica comprar un terreno y construir, en lugar de, por ejemplo, arrendar o funcionar en un local a préstamo o comodato. Esta es una restricción muy potente, pues implica que solo un puñado de instituciones con muchísimos recursos pueden optar a crear nuevos colegios. La limitación también aplica para el crecimiento de proyectos ya existentes. Si un establecimiento de buenos resultados y alta demanda quiere crecer, debe hacerlo comprando terreno. Esto encarece significativamente cualquier proyecto de expansión, y aumenta el riesgo asociado. Resultado: los colegios particulares subvencionados no aumentan su capacidad y terminan faltando cupos altamente deseados, como ocurrió en varios lugares del país a principios de este año.

Estas modificaciones, como se puede deducir, no son reformas estructurales, ni mucho menos. Son cambios razonables que corrigen en el margen, los excesos ideológicos de la Ley de Inclusión. Hay mociones parlamentarias que van en la dirección correcta y que la Comisión de Educación del Senado ha puesto en tabla. Esperemos que el Ministerio les de urgencia en su tramitación, mostrando así preocupación por el casi 70% de la matrícula que no va a educación pública.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar