En el plazo de unos días, tres universidades estatales han anunciado a sus comunidades que, en consideración de problemas financieros, han debido desvincular a un importante número de personas (298, 223 y 36 académicos, respectivamente). Esto se suma a otras crisis de sustentabilidad financiera de universidades privadas y estatales que se dieron a conocer durante el año. Un instituto profesional de larga trayectoria debió cerrar.
¿Cómo se explica esto?
El ministro Cataldo dijo que se trataba de malas decisiones de gestión, lo que tiene todo sentido. Algunos rectores incumbentes coinciden con esto. Pero, acto seguido, descartó que se tratara de problemas asociados al diseño de la gratuidad de la educación superior, creada e implementada durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Ahí hay diferencias con los rectores, que sí responsabilizan a la gratuidad, pero el ministro no entra en detalle.
La Superintendencia de Educación es el órgano público especialmente encargado de asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior y evitar que se afecte el derecho a la educación. Justamente esta semana la Superintendencia publicó un reporte en que analiza, bajo sus parámetros, el riesgo financiero de las instituciones. Ahí se explica que el sistema de educación superior goza de buena salud financiera, más allá de casos específicos, y que las instituciones de mayor riesgo son privadas. Cuesta ver cómo la autoridad llega a esa conclusión, cuando dos de las universidades estatales en crisis revelaron públicamente déficits de 38.000 y 28.000 millones de pesos respectivamente. Ahora bien, la Superintendencia coincide con el ministro en que el problema no es la gratuidad. Correlación no es causalidad, pero todas las instituciones en crisis este año y el pasado son gratuitas.
Hay algo que no cuadra. Los menores ingresos para las instituciones por la gratuidad son evidentes. Esto porque el diseño mismo de la gratuidad universitaria es deficitario: se reemplaza el valor real de las carreras por un arancel regulado calculado en un escritorio, que usualmente es menor. La gratuidad lleva cierto tiempo funcionado y a esta situación algunas instituciones se adaptaron mejor que otras, pero es evidente que las universidades pierden recursos con la gratuidad, y pierden más mientras sean de mayor calidad. A la fecha, en Acción Educar calculamos que los menores ingresos agregados son de más de 780 millones de dólares.
¿Por qué las autoridades salen a “blindar” la gratuidad cuando es evidentemente una variable para considerar en las crisis financieras de las universidades? La razón es política: el nuevo sistema de financiamiento que se está proponiendo desde el gobierno para reemplazar el CAE, denominado FES, está basado en la lógica deficitaria de la gratuidad: fijar precios, fijar crecimiento y limitar el financiamiento a las instituciones. Despejados la retórica y los discursos, el FES no es más que la gratuidad universal financiada con impuestos a los graduados. Si se expande la fijación de precios y vacantes, y se reduce el financiamiento, en un contexto de un creciente aumento en las exigencias de acreditación y regulación, veremos más crisis como las que han ido sucediendo. Esperemos que, para ese momento, la autoridad tenga una explicación más creíble.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
