En una ceremonia sencilla y solemne, la Pontificia Universidad Católica de Chile nombró un nuevo rector, tras el fin del periodo de Ignacio Sánchez. Son instancias formales, llenas de simbolismos, sobre todo para una institución más que centenaria. Por eso llama la atención, y vale la pena analizar, el comentario que hiciera el rector saliente en su discurso ante una amplia audiencia, respecto al proyecto de ley que reorganiza las deudas del CAE y lo reemplaza por un nuevo mecanismo. Cito: “se debe cuidar el financiamiento de las instituciones, en particular de las que guían el sistema y que son cruciales para el desarrollo de la Educación Superior en nuestro país. La mantención del copago resulta clave para la sustentabilidad y la autonomía de las universidades. Por ello seguiremos insistiendo en su rol imprescindible”.
¿Por qué el rector elige una ocasión de primera importancia en su trayectoria para tratar un debate que la opinión pública mira con distancia?
La razón es evidente. A diferencia de muchos incautos, para el rector resulta claro que el proyecto de ley del FES -y en particular el fin del copago-, que se discute con intensidad en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, tendrá consecuencias gravísimas, incluido el principio del fin de las universidades en el país. El rector es preciso en definir los ejes que el proyecto afecta: desarrollo, sustentabilidad y autonomía de las universidades. Veamos.
En pocas palabras, el FES es una forma de impuesto a los graduados beneficiados que pretende financiar la gratuidad universal. Para funcionar, este sistema busca usar recursos fiscales para pagar la totalidad de la operación de las universidades. Para ello, fija aranceles y vacantes, logrando a la vez cortar los ingresos de las instituciones y hacerlas dependientes del Estado.
Para su desarrollo, las universidades requieren inversión. La investigación y el mejoramiento continuo de la docencia (que incluye bienestar estudiantil) son crecientemente onerosas. Hoy las universidades chilenas compiten en el mundo –los rankings en los que la PUC destaca nos lo recuerdan-, por lo que la presión de mayor complejización no viene solo desde dentro. Es evidente que estos costos no pueden ser financiados exclusivamente por el Fisco. Obviamente el aporte estatal es necesario y justificado, pues la sociedad entera se beneficia de la calidad de las universidades, pero no se le puede cargar todo a los contribuyentes. Es razonable que los estudiantes, que son los principales beneficiados de la educación superior, concurran a financiar.
La sustentabilidad es similar, pero con un detalle. Las universidades son proyectos de largo plazo y superan por mucho la duración de los gobiernos y legislaturas. Su capacidad de resistir al paso del tiempo tiene que ver con adaptarse a los cambios, estar atentos al medio y no “poner todos los huevos en la misma canasta”. Por eso, depender exclusivamente del Estado para su financiamiento, como ocurre con el FES, es una política cortoplacista. Las universidades usualmente diversifican sus fuentes de financiamiento, para resistir cambios bruscos e inesperados. Una universidad totalmente financiada por el Fisco, como plantea la propuesta del gobierno, es especialmente frágil frente a un cambio de gobierno, o a una debilidad en las finanzas públicas, como ocurre hoy.
Finalmente, y también vinculado al punto anterior, la autonomía es central para las universidades. La autonomía existe para que las instituciones puedan guiarse exclusivamente por la consecución de sus fines, y no obedezcan a intereses distintos a los propios. Esto evita que sean capturadas por el Estado o por intereses privados, convirtiéndolas en entidades públicas, aunque no estatales. Si para financiarse una universidad requiere contar con visto bueno del Fisco, no es autónoma. Esto porque, no vale la pena engañarse, el que “pone la plata pone la música”. Y eso es exactamente lo que hace el FES.
Así, solo queda celebrar y reconocer la agudeza del rector, pues con una iniciativa como el FES (que lentamente avanza en el Congreso Nacional), un proyecto como la Pontificia Universidad Católica de Chile no podría existir ni subsistir.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
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