La nutrida agenda noticiosa de marzo hace que cada nuevo hecho contingente nos haga olvidarnos del anterior. Pero va a ser imposible olvidarse del informe que el Consejo Fiscal Autónomo publicara el 20 de febrero, en el que recomienda al Ministerio de Hacienda ajustar el gasto público en al menos 1.554 millones de dólares el 2025, de forma de cumplir la meta fiscal. En la práctica, esto implica que simplemente no hay recursos en la caja para gastar, y que, en su lugar, tenemos que ahorrar. Endeudarnos tampoco es una opción, pues tenemos “topado el nivel de endeudamiento” como declaró el ministro de Hacienda ante la Corfo.
La falta de recursos golpea fuerte y dolorosamente a educación. Se trata de un sector muy grande (3,5 millones de alumnos en el sistema escolar, 1,3 millones en superior) por lo que casi siempre que se quiera “mover la aguja”, se requieren muchos recursos. Por eso es tan importante cómo se gastan.
Y en eso, llevamos una década equivocándonos. La inversión pública en educación se ha enfocado de forma desequilibrada en la educación superior, impulsada principalmente por la gratuidad. Esta política -punto de convergencia política entre la generación hoy en el poder y la ex Presidenta Bachelet-, tuvo como costo directo una condena perpetua para el país: prácticamente todo el incremento de recursos en las sucesivas leyes de presupuesto ha ido a engrosar la gratuidad. Todos los ministros de Educación posteriores a Bachelet II han debido congelar sus agendas por este saco sin fondo. Si bien para el gobierno nunca fue una prioridad real, es evidente que la muy pobre inversión pública en recuperarnos de la pandemia se debe a que los recursos se los llevó la gratuidad universitaria. El mismo ministro Cataldo ha repetido en varias oportunidades que el gasto en educación superior en Chile debe ser racionalizado, pues como proporción del PIB, es de los más altos de la OCDE.
Lo curioso es que, aún con este escenario, el gobierno ha puesto urgencia suma a un proyecto de ley que quiere aumentar el gasto en educación superior. Debido a la altísima y creciente morosidad, (sobre el 60% y sobre la cual el actual gobierno es parcialmente culpable) el CAE es oneroso para el Fisco. Por esto, el Ministerio de Educación ha propuesto el FES, sistema que busca reemplazar el CAE, el cual es una forma de gratuidad universal, financiada por un impuesto a los graduados beneficiados por hasta 20 años. Este opera como un mecanismo de reparto, en el que más del 26% de los beneficiarios pagan más de lo que se gastó en ellos, y quienes no trabajan simplemente no pagan. Este sistema es más caro que el CAE, pues requiere que el Estado financie los aranceles de todos los estudiantes (sí, todos) con gasto corriente. El informe financiero del proyecto indica que, en los primeros cinco años, habremos gastado cerca de 1.000 millones de dólares adicionales a los que ya se gasta con el CAE. Al mismo tiempo, desfinanciaremos a todas las universidades, pero especialmente a las de mayor complejidad e investigación, como ya han hecho saber a la opinión pública sus rectores.
Cuesta imaginar que un gobierno que no tiene recursos, que reconoce que no se puede endeudar, que promete gastar menos y que critica el excesivo gasto en educación superior, presione al Congreso a legislar sobre más gasto público en educación superior.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
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