Los diversos hechos de violencia que se registran desde hace décadas en los liceos públicos emblemáticos del centro de Santiago han desafiado tanto a las sucesivas autoridades ministeriales como a los alcaldes. Y todos han fracasado. ¿Cómo puede explicarse esto?
Desde la política pública, los problemas de la educación municipal han sido achacados a su administración, a la falta de recursos financieros y humanos, al poco interés (con notables excepciones) de los alcaldes. Pero nada de esto ocurre en la comuna de Santiago. Hay recursos, personas, proyectos educativos sólidos y centenarios, alcaldes que suelen proyectarse como figuras nacionales preocupadas de la educación. El asunto no parece ir por ahí.
¿Tiene esto que ver con la pandemia? De nuevo parece una explicación simplista. La violencia existía -y con mayor intensidad- previo a la pandemia. De hecho, el punto más alto de violencia en el Instituto Nacional coincide con cuando el Presidente Boric y los ministros Jackson y Vallejo marchaban todos los jueves de 2011 enarbolando tantas promesas.
Es claro a estas alturas que no se trata de un fenómeno simple ni homogéneo en el tiempo. Ni la suma de las demandas estudiantiles, ni cada una por separado, pueden explicar lo que ocurre. Votaciones por el derecho a la educación terminan siendo sus vulneraciones más flagrantes e impunes. Solicitudes prácticas como mejoras de infraestructura suelen terminar en la vandalizacion de los liceos tomados. Demandas de una educación de calidad suelen ser eclipsadas por consignas contra el TPP11 o la liberación de “presos políticos”. El éxito de los lideres no se mide por el logro de las demandas de sus bases, sino por el inicio de una carrera política. Y por alguna razón las románticas luchas por un país mejor siempre terminan en quemas de micros o lanzamientos de bombas molotov. La violencia en los liceos de Santiago parece ser útil a muchas agendas, menos la educativa. Difícilmente se trata de un problema que se pueda acotar a la convivencia escolar. La mejor demostración de ello es que el resto del sistema educativo, que sufre de problemas de convivencia escolar severos derivados de la pandemia, registra escasamente hechos comparables.
¿Y las autoridades actuales? Se recuerda que la actual administración no quiso cooperar con las fuerzas de orden coordinadas por el Ministerio del Interior (“no somos sheriffs”). Recientemente, sendas entrevistas al jefe de educación de Santiago y al ministro de Educación fueron poco más que especulaciones generales (“hay rabia”), sociología de sobremesa (“bandas juveniles con lógicas de barrio y con socialización callejera”) y remedos de notas de prensa. Se ufanan de ser educadores, pero su respuesta es un desatino frente a un menor de edad que arriesga morir quemado.
El actual oficialismo fue demasiado condescendiente, cuando no derechamente apologeta, de la protesta y violencia callejera. Por lo tanto, sus discursos no convencen: deben pasar a la acción.
¿Cómo? Primero, potenciar una agenda legislativa para dar a los directores la facultad inapelable para expulsar a quienes cometen delitos dentro y fuera de los colegios. Crear unidades especializadas en las fuerzas de orden que recurran a la inteligencia para procesar a dichos delincuentes y desarticular grupos violentos dentro y en relación con ellos. La mano dura no es suficiente, lo concedo, pero cuando todos los discursos idealistas han fallado, démosle una oportunidad al Estado de Derecho.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
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