Columna de Daniela Castillo: Protección de los fiscales, una necesidad urgente en la lucha conta el crimen organizado

En los últimos años, la presencia de organizaciones criminales ha planteado desafíos significativos para los sistemas judiciales de América Latina. En Chile, la reciente actividad del equipo especializado del Ministerio Público en la investigación de numerosos casos de alta complejidad, incluyendo extorsiones, secuestros y homicidios, subraya la escalada del crimen organizado en nuestro país. Un ejemplo es la reciente atención sobre la formalización de los llamados “Piratas del Tren de Aragua”, cuyos miembros protagonizaron una serie de delitos violentos en nuestro país, entre ellos, el más reciente que se les imputa, el secuestro y homicidio del disidente venezolano refugiado en Chile Ronald Ojeda.

En este difícil panorama, y tomando en cuenta que las amenazas, motines e incluso fugas desde centros de detención han sido parte del historial delictual de esta organización, no debemos perder de vista que el Ministerio Público desempeña un papel crucial en la persecución del crimen organizado. Surge una prioridad ineludible: fortalecer las medidas de protección para quienes están en primera línea de la justicia, a fin de garantizar la integridad del proceso judicial y la seguridad del estado de derecho.

Históricamente, el sistema judicial chileno no estaba acostumbrado a manejar audiencias con imputaciones tan peligrosas. Sin embargo, la gravedad y frecuencia de estos casos están cambiando rápidamente esta realidad. La experiencia en la Región de Arica y Parinacota con la banda Los Gallegos sirvió como un caso de estudio sobre la importancia de las medidas de seguridad, demostrando que tanto las comparecencias telemáticas como la protección interna y externa de los actores judiciales son esenciales.

Ante este cambio paradigmático, en enero de 2023, senadores como Felipe Kast, Manuel José Ossandón y otros, presentaron una moción destinada a fortalecer la persecución penal de delitos de mayor connotación social, ante un aumento objetivo en la inseguridad ciudadana y la actividad criminal. Esto desembocó en la Ley 21.696, vigente desde septiembre de 2024, y particularmente relevante con la adición del artículo 78 ter al Código Procesal Penal. Este artículo introduce medidas de protección para fiscales en casos de amenazas graves en investigaciones de hechos que revistan carácter de delito terrorista o de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, desde la comparecencia remota en audiencias hasta la preservación de la confidencialidad de su identidad, penalizando severamente su revelación.

Este avance legislativo es monumental y necesario en la batalla contra un crimen organizado cada vez más audaz y sofisticado. Sin embargo, no es suficiente. Para garantizar que estas medidas de protección se traduzcan en cambios tangibles, es indispensable un compromiso sostenido en el tiempo. La implementación exitosa de las medidas fijadas debe ir acompañada de recursos adecuados, capacitación constante y un seguimiento riguroso por parte de las autoridades. Estas medidas deben evolucionar para anticiparse a las tácticas de las organizaciones criminales, asegurando que los fiscales puedan operar en un entorno libre de intimidaciones. Este enfoque no solo refuerza la integridad de nuestro sistema judicial, sino que también actúa como un mensaje contundente: Chile no cederá ante el crimen organizado, y su justicia permanecerá inquebrantable y robusta en la defensa del orden democrático.

Por Daniela Castillo, abogada de Albagli Zaliasnik