Columna de Daniela Castillo y Catalina Valdés: Desafíos pendientes para la modernización del Ministerio Público y las policías

Hace un poco más de un año se promulgó en nuestro país la Ley 21.595, que establece un régimen penal especial para la comisión de delitos económicos y medioambientales, y que fue presentada como un avance crucial en la lucha contra los “delitos de cuello y corbata”. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿podrá esta ley cumplir con sus promesas en un sistema de investigación anticuado sin recursos suficientes? Desde una perspectiva realista, la respuesta parece desalentadora.

Aunque la Ley 21.595 amplía el marco normativo y sanciona nuevas conductas que hasta hace poco no estaban contempladas en nuestra legislación, su implementación enfrenta un obstáculo fundamental: la falta de capacidad operativa en el Ministerio Público y las fuerzas policiales para investigar delitos económicos complejos. Y es que la investigación de estos delitos resulta compleja por la forma en la que se cometen; su estructura involucra operaciones financieras sofisticadas, transacciones transnacionales, redes corporativas y, a menudo, un conocimiento técnico avanzado en finanzas, auditoría y tecnología. Investigar estas operaciones requiere algo más que el conocimiento jurídico de siempre; requiere especialización, tecnología avanzada y recursos humanos capacitados, algo de lo que nuestras instituciones, lamentablemente, carecen en la actualidad.

A esto se suma la conocida sobrecarga de trabajo que enfrenta el Ministerio Público. La falta de recursos humanos, con una dotación insuficiente de fiscales y peritos especializados, provoca que los casos asociados a delitos económicos se acumulen y se extiendan en el tiempo, en ocasiones durante años, lo que afecta directamente la capacidad de impartir justicia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable de los imputados. Sin una mayor dotación de fiscales capacitados en áreas de alta complejidad financiera, la Ley 21.595 corre el riesgo de quedar como un esfuerzo simbólico, una medida de papel sin aplicación práctica.

Por otro lado, la policía, que también tiene un rol crucial en las investigaciones, enfrenta limitaciones similares. Las unidades dedicadas a investigar delitos económicos carecen de una dotación suficiente en número para analizar pruebas complejas. Esta brecha de capacidad se traduce en investigaciones incompletas o insuficientes, que se alargan de forma desmesurada, demorando los informes periciales, en muchas ocasiones, más de 18 meses en elaborarse.

La falta de inversión en el sistema judicial y en las fuerzas de investigación es una de las principales causas de estos problemas. La legislación sobre delitos complejos requiere un plan de modernización y un presupuesto adecuado para que el sistema de justicia pueda abordarlos eficazmente. De lo contrario, la ley podría volverse ineficaz, prolongando investigaciones de manera injustificada y vulnerando derechos básicos, como el derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable.

Sin una estructura de investigación acorde a la complejidad de estos crímenes, la Ley 21.595 no será más que un instrumento incompleto en un sistema que aún debe dar un salto hacia la modernidad y la eficacia.

Por Daniela Castillo y Catalina Valdés, asociadas Grupo Penal Albagli Zaliasnik