El compromiso del Ejecutivo de presentar uno o más proyectos de ley en octubre ha generado alta expectación y, como es natural, también rumores. Hasta ahora, no se han dado a conocer los lineamientos y límites que se tomarán en cuenta, lo que incrementa la incertidumbre. Sin embargo, el Ejecutivo tiene la oportunidad de rescatar proyectos de ley presentados y trabajados durante el gobierno anterior, que perseguían objetivos similares: eliminar preexistencias, crear un plan único de salud, reformar Fonasa y otorgar mayor protección financiera a los usuarios del seguro público de salud.
El primer proyecto, relativo a las preexistencias y la regulación de las Isapres (Boletín Nº 8.105-11), aborda puntos clave para la sostenibilidad no solo del sistema privado, sino también del público. Es fundamental que, al eliminar las preexistencias, se establezca un mecanismo de compensación de riesgos, similar al que ya existe para el GES en las Isapres. Este proyecto proponía un Plan de Salud Universal (PSU) que uniformara los beneficios (catálogo, coberturas y redes de atención), permitiendo así la implementación de un mecanismo de mancomunación. En esencia, se trata de ampliar la fórmula utilizada durante 19 años en el GES dentro del sector privado. Aunque algunos aspectos de este proyecto han quedado obsoletos tras la reciente ley corta de Isapres, gran parte de su contenido sigue siendo relevante y aprovechable.
El segundo proyecto, enfocado en Fonasa (Boletín N°13.863-11), es crucial para abordar de manera equitativa los cambios en ambos mercados de aseguramiento. Es el único proyecto desde la gran reforma a la salud de 2005 que proponía un cambio sustancial en Fonasa. Establecía un Plan de Salud Universal con garantías de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, basado en un proceso de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Además, proponía una nueva gobernanza, dotando de independencia y autonomía en su gestión, con un espacio para la rendición de cuentas y la participación ciudadana. También se planteaba la implementación de un nuevo modelo de atención a través de una red de prestadores definida por Fonasa, que podría complementarse con convenios entre esta y otros prestadores. Asimismo, se proponían cambios en la modalidad de libre elección, haciéndola un complemento efectivo al PSU, y un seguro de medicamentos ambulatorios para reducir el gasto de bolsillo, uno de los mayores problemas que aquejan a la población.
Por último, en el contexto del fortalecimiento de Fonasa y la protección financiera, se propuso un seguro para la clase media (Boletín N°12.662-11), diseñado para ofrecer mayor protección financiera dentro de la modalidad de libre elección, permitiendo la resolución integral de un problema de salud. En esencia, sería similar al CAEC de las Isapres, pero para el sector Fonasa, con normas que permitían alinear los incentivos a la eficiencia.
Estos proyectos, aunque requieren actualizaciones en algunos aspectos, ya abordan los temas estructurales que hoy nos afectan. Por lo tanto, el llamado es a no intentar reinventar la rueda, sino a aprovechar el trabajo ya realizado, independientemente de si provino de la oposición o no. Es importante recordar que estos proyectos fueron desarrollados con la visión técnica de equipos y expertos que trascienden a los gobiernos de turno.
En tiempos difíciles, con múltiples urgencias y desafíos, es crucial que las políticas públicas respondan a las necesidades de la ciudadanía de forma oportuna. Para lograrlo, debemos flexibilizar nuestras posturas, sumar esfuerzos y reconocer el trabajo realizado por todas las partes que, al final del día, buscan el mismo objetivo: el bien común.
Por Daniela Sugg, académica e investigadora adjunta de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales.
