Las continuas filtraciones de mensajes y comunicaciones derivadas de la investigación del caso Hermosilla han puesto el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema en el ojo público, motivando la celebración de varios plenos ordinarios y extraordinarios- y la decisión del Presidente de la Corte Suprema de reactivar la Comisión de Ética con motivo de los nombramientos.
Hay algo de cinismo en el escándalo, especialmente por lo que se omite. Las legítimas preguntas que surgen respecto del verdadero alcance de las gestiones que desplegaron unos y otros para obtener votos no deben impedir hacer un matiz entre las distintas situaciones. No es lo mismo contactar a alguien para obtener su voto, que ofrecerle prebendas u ejercer influencias indebidas a cambio de ese voto favorable. La obtención de votos es la carga que el propio sistema de designación exige para cualquier cargo que requiere la aprobación por determinados electores. Los medios para obtenerlos son los que deben juzgarse como propios o impropios. Tratar ambas situaciones del mismo modo es propio de una mirada talibana y angelical, que cae por su propio peso: si todo es corrupción, nada lo es.
En ese entendido, llama la atención que el problema de los nombramientos se analice con anteojeras. Todos hablan de la Corte Suprema, pero hacen caso omiso del sistema de designación de otros cargos de poder, público y privado. El “proceso de selección” en el nombramiento de embajadores y asesores de confianza del Ejecutivo, de asesores legislativos de los miembros del Congreso, o de directores en una compañía, no generan el mismo nivel de escrutinio o preocupación.
Si uno se toma en serio la polémica, habría que revisar si en cada uno de estos espacios la designación de un cargo responde al mérito y las calidades necesarias para ejercer correctamente una labor, o bien a otros factores, como amistad, filiación o afinidad ideológica. Cuando se deben promover intereses ajenos, el primer y más grave acto de corrupción radica en designar a personas que no son aptas para el cargo. Los méritos de los ministros designados en la Corte Suprema son conocidos por todos, no así en estos otros espacios, donde como hizo Calígula -epítome de la arrogancia del poder- bien podrían estarse nombrando caballos como cónsules.
Finalmente, no se puede dejar pasar que, mientras se discute lo anterior, diversos nombramientos están paralizados. A la fecha, falta designar a tres ministros de la Corte Suprema (paradójicamente, el reemplazante de Guillermo Silva ha demorado casi diez meses por falta de apoyo) y al Contralor General de la República. Peligroso precedente, pues se vacía institucionalmente a dos de los contrapesos más importantes al Ejecutivo.
La discusión se ha planteado para omitir lo relevante. Gatopardismo a la chilena. Y me temo que, si se aborda como hasta ahora, distrae de los verdaderos defectos institucionales y de las corrupciones verdaderamente gravosas. Una vez más, llevaba la razón el gran Nicanor Parra, cuando nos advertía: “¡corrupción sustentable, venceremos!”.
