Un jinete monta sobre un caballo muerto en el suelo. El dueño del caballo, que observa desde lejos, le grita al jinete que use la huasca para azuzarlo, y que en lugar de galopar intente sacarle tranco; luego, envía al jinete a un curso de capacitación para montar adecuadamente. Eso tampoco resulta, así que cambia al jinete por otro más liviano. Luego, crea un comité de expertos y viaja a otros países a estudiar cómo se montan ahí los caballos muertos. Finalmente, concluye que el caballo -ahora reclasificado como “discapacitado para vivir”- no requiere ni cuidados ni alimentación, y por ende es más barato y productivo que los demás caballos.
Algo similar ocurre en Chile, y la incapacidad manifiesta que ofrece la administración pública para cumplir su función fundamental: propender al bien común. Los casos de Corfo, la toma de San Antonio y la conducción del apagón de la semana pasada son muestra muy reciente de esta inefectividad. Los millonarios traspasos de Corfo al Ministerio de Hacienda -absolutamente legales- son demostrativos del débil diseño institucional de Corfo, que en lugar de destinar sus utilidades al fomento e innovación debe entregarlos -con reparos de su vicepresidente ejecutivo- para suplir el déficit fiscal que arrastramos hace años. La negociación del Ministerio de Vivienda con los propietarios del terreno tomado en San Antonio, aunque legal y entendible desde la catástrofe humanitaria que significaba el desalojo, valida las vías de hecho para la resolución de problemas que la inacción estatal no resuelve oportunamente. Por último, el apagón nacional de la semana pasada, aunque fuera rápidamente atribuido por el Presidente a descoordinaciones o errores de las empresas generadoras y transmisoras, demostró también la incapacidad estatal de gestionar una crisis, obtener información oportuna y fiscalizar adecuadamente el sistema.
Ante tamaños problemas -y tantos otros que afectan la vida común, como seguridad, salud, educación o desempleo- tenemos la inclinación, casi el fetiche, de promover nuevas leyes y/o regulaciones. La reciente reforma de pensiones y los proyectos sobre permisología son ejemplos de ello. Sin embargo, decretar las cosas en papel no cambia la realidad si no existe capacidad de ejecutarlas.
Ahí radica el fondo del asunto. Según un informe de Pivotes, entre los años 2006 y 2024, la plana de empleados públicos ha aumentado en casi un 30% (de 18 a 23 por cada cien trabajadores privados) y el gasto del Gobierno Central ha crecido 2,5 puntos del PIB, más rápido que el crecimiento de la economía en el mismo periodo. Sin embargo, los servicios públicos no han mejorado y seguimos enfrentando problemas graves de gestión. Es decir, la ejecución de estas políticas y la provisión de los bienes y servicios públicos que los ciudadanos requieren del Estado, han sido entregados a una burocracia pública que, hoy por hoy, no está en condiciones de entregarlos.
Cuando descubres que estás montando un caballo muerto, lo mejor es desmontar. Es urgente modernizar nuestra burocracia pública, terminar con el estatuto administrativo y establecer una carrera funcionaria de la administración, que incentive la trayectoria, la capacitación y el desempeño; que termine con la verdadera simulación que constituyen los sistemas paralelos de contrata y honorarios; y que limite los cargos de confianza política a situaciones verdaderamente excepcionales. En fin, que permita dar paso a una administración pública profesional y al servicio de la ciudadanía, en lugar de un refugio al que se entra con el carnet del partido. En un año de campaña electoral, habría que preguntar a los candidatos, si están dispuestos a desmontar del caballo.
Por Diego Navarrete, abogado
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