Columna de Diego Navarrete: La Justicia Abandonada

Ad portas de marzo, es recomendable darse el tiempo para preparar el año que comienza: fijar objetivos, organizarse y priorizar. En definitiva, trazar una hoja de ruta a la que recurrir cuando las contingencias del año nos distraen de lo importante. En esa línea, el lunes pasado La Moneda fijó las prioridades legislativas para este año: pensiones, infraestructura crítica, el nuevo pacto fiscal, isapres, y una ley de incendios.

La agenda es muy ambiciosa y aborda grandes transformaciones, pero deja en un segundo plano pendientes y urgentes reformas a la justicia. Un gobierno encabezado por alguien con formación jurídica y que ha hecho de la justicia social su leit motiv debiera considerar esta dimensión, que tiene un impacto tan directo sobre la vida de los ciudadanos.

Hay varios temas pendientes en esta materia. Por ejemplo, la creación de tribunales de ejecución de penas (lo que podría liberar al juez Daniel Urrutia de esa responsabilidad); o ciertas modificaciones a la organización y administración del Poder Judicial (que aleja a la magistratura de polémicas innecesarias como la renovación de su flota de automóviles). Sin embargo, la más importante es la reforma procesal civil, culminación del proceso de reformas judiciales iniciadas el año 2000 con la reforma procesal penal, que tiene por objeto actualizar un procedimiento que data de 1902, sin ninguna modificación sustancial.

El proyecto de reforma, que existe y duerme desde el año 2005, contempla tiempos mucho más acotados de tramitación; inmediación y oralidad, asegurando una participación más directa de los jueces en la solución de los conflictos; y una serie de mecanismos complementarios que simplifiquen el acceso a la justicia, que van desde la mediación a la creación de un nuevo modelo de ejecución. Es un cambio copernicano respecto de lo que existe, y pese a ello, genera poco entusiasmo: no constituye un triunfo ideológico o político. Es que la justicia es una virtud sencilla y humilde, que no despierta mayores admiraciones -nadie puede vanagloriarse de cumplir con lo que debe- pero cuya ausencia resiente lo más íntimo de la dignidad humana. Como recuerda el adagio, justicia demorada es justicia denegada: esto es lo que experimentan los chilenos en la actualidad, cuestión que La Moneda -y para ser justos, la clase política en su conjunto- no considera una prioridad.

Las cosas sencillas son, a menudo, las más importantes. Los derechos se consagran en el papel, pero cobran vida en los tribunales. Por eso esta reforma es fundamental: aunque sus efectos solo puedan observarse en el largo plazo y nadie pueda reclamar un triunfo inmediato, la propia naturaleza de esta materia ofrece un cambio concreto y palpable para millones de personas que enfrentan los procedimientos judiciales civiles con desconocimiento y desconfianza.

Dicen que no comprendemos las cosas tal como son, sino tal como somos. Una máxima que vale la pena tener muy presente en este momento, para que, con el cuerpo descansado y la mente clara, se fijen prioridades que tengan más que ver con el bien común y menos con los triunfos personales.

Por Diego Navarrete, abogado