El lunes pasado se presentaron sendas acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz. Los hechos son muy distintos para cada caso y, en ocasiones, no pasan de ser sospechas no probadas. Azuzados -o quizás, asustados- por las repercusiones del caso Audio, las distintas facciones del Congreso no dudaron en acusarlos, a todos por igual, de haber incurrido en notable abandono de deberes.
El “notable abandono de deberes” no es un cascarón vacío que pueda significar cualquier cosa. La tradición republicana del propio Congreso ha señalado -siguiendo a Alejandro Silva Bascuñán- que se trata de actos u omisiones de suma gravedad que demuestren una torcida intención, un inexplicable descuido o una sorprendente ineptitud con la que se abandonan o infringen los deberes inherentes a la función pública que ejercen los jueces.
En ese sentido, es un error -o un acto de oportunismo- dirigir conjuntamente las acusaciones contra tres ministros sin distinguir adecuadamente, respecto de cada uno de ellos, los hechos que se les imputan, el contexto en que ocurrieron, y la gravedad que conllevan desde la perspectiva del ejercicio de la función jurisdiccional. Digamos acá, simplemente, que los tres casos presentan características y gravedades radicalmente disímiles, y que obviar lo anterior, como una forma de enviar un mensaje sobre la necesidad de reformar el sistema de nombramientos del Poder Judicial, es a lo menos impropio y causa grave daño institucional.
Al igualar los tres casos, se apunta indirectamente a la Corte Suprema como Poder del Estado, y no a las actuaciones particulares de cada uno de los ministros en cuestión. Es cierto que el problema de fondo radica en un sistema de nominaciones opaco y con incentivos bastante perversos, pero ello no puede llevar a concluir que todos aquellos que hicieron gestiones para obtener una designación -recordemos que en estas materias terrenales no hay ángeles-, han infringido notablemente sus deberes en el ejercicio del cargo. Esto último, además, elude la discusión de fondo, pues el problema de los nombramientos deja de ser una cuestión institucional, sino que se le atribuyen sus defectos, por esta vía de acusación, a tres ministros particulares.
Esta acusación conjunta es muy sintomática de cierta hipocresía y oportunismo de nuestros honorables, que, ante el atisbo de un escándalo que la política pudo haber resuelto, apuntan rápidamente el dedo a otro lado -normalmente hacia los jueces-. Así lo hicieron con la ministra Silvana Donoso, para endilgarle las culpas del sistema penitenciario, con motivo de la libertad condicional otorgada a Hugo Bustamante; o con el ministro Héctor Carreño, atribuyéndole casi de manera personalísima los abusos del Sename. En ambos casos, igual que ahora, se trataba de problemas institucionales que debía resolver la política.
El año 2005, la comisión que informó sobre otra acusación constitucional rechazada, contra los ministros Kokisch, Ortíz y Rodríguez, ya advertía que la interpretación del notable abandono de deberes “debe seguir un curso sereno y responsable, pues de lo contrario, esta causal se convertirá, con el curso del tiempo y al compás de las vicisitudes de la política, en un mar sin orillas”. Y la historia no se repite, pero rima: veinte años después, la política sigue optando por expiar sus propios pecados acusando a otros, en lugar de estudiar, dialogar y consensuar una buena legislación, cuestión que, paradójicamente, considerando la causal, es su principal y más importante deber. Es evidente que, aun acogiéndose las acusaciones, el aparato político de las designaciones seguirá siendo el mismo. Salvo que de frentón actúe el Espíritu Santo.
Por Diego Navarrete, abogado
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