El Presidente Boric criticó a los empresarios nacionales por adolecer de “pesimismo ideológico”, patología que les impide invertir en Chile, en contrapunto con los extranjeros, que aparentemente sí lo hacen.
El pesimismo y optimismo son propensiones humanas sobre las cuales vemos y juzgamos la realidad. No es raro que los actores de mercado operen sobre estas inclinaciones naturales. Desde esa perspectiva, por ejemplo, el propio Ministerio de Hacienda opera sobre una perspectiva “pesimista” cuando ajusta a la baja las expectativas de crecimiento. La pregunta es si existe tal cosa como un pesimismo “ideológico”, es decir, una aproximación fundamentalmente desfavorable hacia la realidad que caracterice, en este caso, a todos los empresarios nacionales.
Desde esa perspectiva, pareciera que el Presidente, implícitamente, asigna a las empresas un rol que no les corresponde: actuar alineados con ciertos “intereses país”, definidos desde La Moneda; su adscripción política, o que desplieguen actos de lealtad nacional (invertir pese a las expectativas de mercado) es lo que determinaría su virtud y legitimidad social. Esto no es así.
Las empresas son, doctrinariamente hablando, cuerpos intermedios, por los cuales las personas se organizan con la finalidad de proveer algún bien o servicio, y obtener utilidades por ello. Esto no significa eximir a los empresarios de cualquier responsabilidad y asumir que el único interés que deben proteger es su rentabilidad. La sostenibilidad, entendida en este marco, impone una serie de deberes legales y éticos a las empresas, de manera que, en el desarrollo de su propio negocio, eviten causar daño y contribuyan con todos aquellos con quiénes se relacionan -consumidores, trabajadores, proveedores y competidores, además del medioambiente-. Pero no puede pretenderse, como sugiere el Presidente, que se aparten de su giro y objetivos con tal de “hacer el bien”, como si fueran organizaciones de beneficencia.
Es posible, también, que el Presidente haya atribuido sus expresiones no a los empresarios per se, sino en su rol gremial, como partícipes en la discusión pública. Es cierto que existe un discurso crítico hacia las políticas planteadas por el gobierno, y un cierto escepticismo sobre el desempeño de la economía, más o menos justificada. Si bien es razonable pedir al gremio empresarial que, cuando participa de la discusión pública, lo haga de buena fe y de manera colaborativa, cosa muy distinta es exigirle obsecuencia a la política pública, en contra de los intereses de sus asociados y la realidad tal y como la perciben. Si este fuera el caso, nuevamente el Presidente incurre en un error o, quizás, en cierto optimismo ideológico.
Aquí, creo, radica el problema: no existe confianza entre las partes. El gobierno demuestra una desconfianza -irónicamente, ideológica- respecto de los empresarios y sus intenciones. Y estos últimos, responden con recelo a las declaraciones y propuestas de regulación que se presentan. El primer paso debe venir del gobierno, evitando estos excesos literarios y atemperando sus propuestas regulatorias a la evidencia -el ejemplo del subsidio eléctrico habla por sí solo-. El gremio empresarial, cuidando las prácticas de sus miembros y colaborando de buena fe en la discusión. Dar, recibir y devolver. Es así como se construyen todas las relaciones: con más sentido común, y menos ideología.
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