El lunes se promulgó la Ley sobre Delitos Económicos y Medio Ambiente. Sus críticos alegan un tratamiento injustificadamente grave en contra de la actividad empresarial. Paradójicamente, sus partidarios la valoran porque pone fin a un estatuto muy favorable para este mismo sector.
En su promulgación, el Presidente Boric manifestó su expectativa de que la nueva ley contribuya a recuperar confianzas dañadas. Pero la ley por sí sola no basta: se requieren gestos de todas las partes.
Si nos tomamos en serio la idea de reconstruir confianza en el mercado, la nueva ley invita a fortalecer y repensar el rol de directores y gremios empresariales, no solo desde los riesgos que impone esta normativa, sino como cabeza central de la ética e integridad del quehacer empresarial que dirigen.
La ley no hace culpables a los inocentes, como se ha sugerido. En lo medular, agrava el régimen aplicable a las personas efectivamente responsables por el delito.
Esta idea central refuerza un modelo basado en transparencia y accountability de los actores de mercado, lo que sí contribuye al fortalecimiento de la legítima actividad empresarial y a una reconstrucción de confianza. En otras palabras, se potencian los modelos sostenibles y se les distingue de aquellos que no respetan la ley. En este contexto, no se debe caer en la tentación de reducir el problema a la actualización de programas de compliance: estos mecanismos son necesarios pero insuficientes, y en su extremo, pueden percibirse como meros requisitos formales para eximirse de responsabilidad.
Tomarse en serio esta idea implica, también, movilizar el liderazgo de los gremios empresariales, no solo a la búsqueda de la aplicación prudente de su texto, sino en requerir estándares de sostenibilidad más altos que los mínimos legales. Una forma es el establecimiento de sistemas de autorregulación y buenas prácticas autónomas, en las que las propias asociaciones -por medio de órganos autónomos- exijan a sus asociados el cumplimiento de estándares más altos y mejores prácticas empresariales, e impongan sanciones por incumplimientos de estos estándares.
En otras palabras, que sean los gremios quienes primero reaccionen a las malas prácticas de sus asociados, y que los propios competidores disciplinen el cumplimiento de la ley.
Finalmente, el gobierno puede contribuir también a la construcción de un clima de confianza mutua por medio de algo tan sencillo como una moderación en la retórica maniquea respecto del sector privado, como fuente única y exclusiva de abusos. También podría mostrar disponibilidad para promover y aplicar, a los casos de corrupción pública, los mismos estándares, exigencias y sanciones que la nueva ley impone a los privados. Después de todo, ley pareja no es dura, y la confianza se construye con reciprocidad.
Por Diego Navarrete, abogado
