Esta semana estuvo marcada por dos casos que ponen en entredicho la confianza pública. Por una parte, el conflicto suscitado por la negativa del jefe de asesores presidencial, Miguel Crispi, de asistir a una comisión investigadora sobre el caso Fundaciones; por otro, las esquirlas luego de la grave sanción aplicada por la CMF al ex CEO de Cencosud, Matías Videla, por uso de información privilegiada.
Ambos tienen reconocido desempeño profesional y, en ambos casos, no existen condenas afirmes que justifiquen, legalmente, separarlos de sus cargos. Pero también, ambos casos reavivan el cuestionamiento a los privilegios y abusos, privados y públicos, detrás del estallido social. Y, como si no se hubiese aprendido nada desde entonces, en ambos casos la reacción corporativa ha sido insuficiente para cuidar la confianza pública.
Si bien desde el mundo privado hubo voces con severos cuestionamientos sobre la situación de Videla, se evidenció la ausencia de una política clara de sostenibilidad. Finalmente, el propio involucrado renunció a su puesto. El silencio institucional evidencia un vacío en los sistemas de autorregulación y buenas prácticas, y que todavía faltan definiciones claras del liderazgo empresarial para abordar este y otros casos, para resguardar criterios de sostenibilidad y la confianza en el mercado.
Más grave fue la reacción del gobierno respecto de los involucrados en el caso Fundaciones, cuyo corolario fue la defensa institucional de La Moneda a la negativa de Miguel Crispi de asistir a una comisión investigadora.
La reticencia a comparecer es impropia: es el Estado es quien primero debe promover un clima de confianza, transparencia y accountability respecto de su quehacer y el de sus funcionarios, especialmente cuando el gobierno ha hecho política de su propia virtud ética. Las eventuales aprensiones sobre la intencionalidad de la citación son, por lo demás, parte de las reglas del juego político. Por último, la sutileza jurídica de la defensa del gobierno no tiene correlato en el sentido común ciudadano: el jefe de asesores de la Presidencia no puede sino ser un funcionario público.
La conducta de los individuos dice algo de las instituciones a las que representan. Por eso, la respuesta corporativa, pública o privada, es fundamental para cuidar la legitimidad. Esto no significa acoger indiscriminadamente toda acusación o condenar al individuo por el mínimo error, sino establecer protocolos y estándares claros, de manera que la respuesta no parezca acomodada según la confianza o vínculos personales del involucrado.
Ayer, se informaba que la acción de Cencosud subía luego de la renuncia de Videla. Quizás el gobierno podría tomar nota para mejorar un poco su propia cotización pública: cuando ocurren situaciones irregulares, la forma de recuperar confianza y legitimidad es mediante una respuesta clara e inequívoca sobre qué no se está dispuesto a avalar. Después de todo, el César debe ser y parecer.
Por Diego Navarrete, abogado
