Fin de año es tiempo de reflexión, evaluaciones y metas para el futuro. También época de clichés y cierta grandilocuencia, cuando el optimismo se desparrama sobre el año que viene y miramos con excesiva generosidad las fuerzas y disciplina que tendremos en el futuro para cumplir con todos nuestros anhelos. Todo el que haya prometido leer 20 libros o bajar 10 kilos al finalizar un año, se ha visto, probablemente, forzado a tarjar el cero del listado al revisar el estatus de cumplimiento de las promesas pasadas. Establecer metas es siempre bueno, pero es mejor que sean pocas, concretas y alcanzables. La seguridad, el acuerdo de pensiones o las necesarias reformas al sistema político son proyectos mayores, y, considerando este principio, es un sinsentido ponerlos como metas para un año calendario, menos el último de un gobierno saliente. Mejor, para todos, que se piensen con horizontes de largo plazo. Por lo demás, si se revisa este año, sobran los desafíos que, tomados en serio, pueden constituir una buena hoja de ruta para el 2025.
El primero es tomarse en serio el problema de la justicia. No como una virtud abstracta para invocar en discursos o redes sociales, sino como la expresión concreta del modo en que se establecen las relaciones entre nuestros ciudadanos. El año que terminó fue un annus horribilis para el Poder Judicial, marcado por los escándalos derivados de influencias indebidas, los cuestionamientos al sistema de nombramientos, y las dudas sobre el ejercicio de la judicatura como generador de políticas públicas. El corolario fue la destitución de dos ministros de la Corte Suprema, que culminó por aplacar los ánimos y los vientos de reforma. Esto no puede quedar ahí: además de modificar el sistema de nombramientos, se debe dar prioridad a la reforma al proceso civil que, demorosa y anacrónica, representa la cara de la justicia que experimenta la mayoría de los chilenos.
El segundo es la creciente tensión entre el Estado y los privados. La permisología en un extremo, los casos de abuso de mercado en el otro. El desarrollo y la sostenibilidad requiere colaboración, sin desconfianzas o ideologías. No es aceptable que el Estado sea un mal empleador, peor pagador, o que existan niveles de burocracia o descoordinación que retarden hasta cinco años el desarrollo de un proyecto. Por su parte, las empresas y gremios empresariales mantienen desafíos pendientes en sus políticas de compliance y sostenibilidad, y por cierto, en ofrecer respuestas claras e inequívocas ante delitos o infracciones cometidos por sus miembros, especialmente en un año en que la CMF y Capitán Yáber han tenido un rol demasiado protagónico. Hay desafíos enormes en distintas industrias -la descarbonización de matriz energética, el déficit de vivienda, la modernización de infraestructura, entre otros- que podrían beneficiarse de una adecuada colaboración entre ambos mundos. La pregunta que queda, para el 2025 es quién dará el primer paso.
Finalmente, me permito sugerir un último desafío, que consiste en revisar el modo de nuestro discurso público, que en el último tiempo se ha llenado de absolutos, juicios morales y auto atribuciones de cierta superioridad moral, de lado y lado. Esto es insostenible, impide que surjan razones públicas -que puedan ser comprendidas por todos- e, inevitablemente, tienden a volver sobre quienes las emiten. Dicen que no comprendemos las cosas como son, sino como somos. Y somos, sin excepción, seres llenos de contradicciones e inconsistencias, que intentamos administrar individual y colectivamente. Un último propósito para el 2025 podría ser que comencemos a hablar desde lo que somos y no de lo que imaginamos ser. Imagino que nos ayudará a avanzar en los otros desafíos, y si no, al menos hará que la espera sea más tolerable.
Por Diego Navarrete, abogado
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