Columna de Eduardo Bitran: Comisión para la Paz y el Entendimiento y el conflicto mapuche: Se nos acaba el tiempo

El año 2023 se establece la Comisión para la Paz y el Entendimiento como una vía institucional y legítima para abordar el conflicto histórico con el pueblo mapuche. El primer logro de dicha comisión es restablecer un canal de diálogo sobre un problema que la sociedad chilena no ha sido capaz de resolver por décadas y que se ha agudizado en los últimos años, con un impacto dramático de violencia, sufrimiento, pobreza e hipotecando el desarrollo económico de una extensa zona de nuestro país. La llamada “causa mapuche” ha sido instrumentalizada por grupos delictivos generando una “industria del conflicto” que consiste en ocupar territorios productivos, generando a través de actos violentos una inseguridad tal, que los transforma en los únicos actores que pueden ingresar y desarrollar negocios ilícitos, en que destaca el robo de madera. De esta manera se generan recursos monetarios cuantiosos que les permiten cooptar voluntades en las propias comunidades, especialmente jóvenes, despojando a los líderes tradicionales mapuche de su liderazgo e influencia.

La transferencia de tierras impulsada por el Fondo de Tierras y Aguas que administra Conadi desde la dictación de la Ley Indígena en septiembre de 1993, ha transferido alrededor de 300 mil hectáreas a comunidades mapuche desde la provincia de Arauco a la región de los Lagos. Sin embargo, la transferencia de tierras no ha tenido el impacto esperado en el mejoramiento de vida de la población mapuche, la relocalización de comunidades las ha desarraigado de su territorio tradicional generando costos económicos y socioculturales. La propia Ley Indígena ha dificultado el desarrollo de actividades productivas y negocios mapuche asociativos, con altos costos de transacción para el desarrollo de empresas asociativas en tierras comunitarias, manteniendo esquemas de minifundio con muy baja productividad y con ocupación productiva de menos del 40% de la superficie transferida y con niveles de pobreza extrema que duplica la del resto del territorio en que están las comunidades. Esto en parte también por una muy desigual inversión del Estado en bienes públicos, en relación con la población general. Por otra parte, la Ley Lafkenche, que pretende restablecer áreas de desarrollo marítimo costero para comunidades indígenas que desarrollaron actividades productivas en el borde costero, aunque bien intencionada, ha sido un factor que aumenta la conflictividad y afecta el desarrollo de los territorios. El proceso de asignación de derechos costeros posee una institucionalidad débil y politizada, y no está relacionado a las potencialidades reales de desarrollo de negocios indígenas.

La transferencia de tierras y de derechos sobre áreas costeras no ha sido acompañada por el Estado con un programa de desarrollo productivo y de negocios indígenas con pertinencia cultural. Tampoco de un esfuerzo de fortalecer el liderazgo tradicional, con valores significativos para el desarrollo sostenible de los territorios. En efecto, la cultura indígena latinoamericana y en particular la mapuche, tiene un concepto de desarrollo de las comunidades de acuerdo al “Buen Vivir”, en mapudungún “Kume Mongen”, entendido como una forma de vida en plenitud que concibe a la persona en equilibrio y relación armoniosa con la naturaleza. Pero también implica saber convivir, sin violencia y en armonía, entre las comunidades y su entorno. Este valor cultural que nos enseñan sus líderes ancestrales es un aporte relevante a la sociedad actual, con los desafíos de enfrentar la crisis climática y de valorar los servicios sistémicos de la biodiversidad.

Es fundamental entender que existe una deuda histórica con el pueblo mapuche que solo se ha saldado parcial e insuficientemente con lo realizado por el Estado desde el año 1993. En la mal llamada “guerra de pacificación de La Araucanía” se les despojó de millones de hectáreas de tierra en las que vivían, otorgándoselas a colonos chilenos y extranjeros para que las explotaran comercialmente, concentrando a la población mapuche en reducciones indígenas, en una fracción menor del territorio que poseían. Como una forma de consolidar la nueva estructura de propiedad a partir del 1884 se les otorgó a los mapuche que vivían en estas reducciones títulos de merced individual, no obstante, muchas de estas tierras no las pudieron mantener. Consideraciones éticas de justicia por los dolores y pérdidas ocasionadas al pueblo mapuche en el siglo XIX y XX, obligan al Estado chileno a restituir tierras en que al menos existan los títulos de merced que respaldan el derecho a la tierra reclamada.

Se acaba el tiempo. Incluso desde una perspectiva estrictamente económica es fundamental invertir en reconciliación para lograr paz y aislar y erradicar a los instigadores de la “industria del conflicto”. La Comisión para la Paz y el Entendimiento tiene una oportunidad única de generar un camino asociando a la restitución de tierras con un programa de desarrollo de una economía intercultural, junto con el fortalecimiento de un ecosistema económico y social que permita la sostenibilidad de los negocios indígenas y el impulso de alianzas productivas, con inversión privada y del Estado, generando así un círculo virtuoso de desarrollo sostenible e inclusivo que aporte significativamente al crecimiento de la economía nacional.

Por Eduardo Bitran, académico Universidad Adolfo Ibáñez y director de Espacio Público