Columna de Eduardo Engel y Benjamín García: Algunas lecciones del caso Torrealba
La investigación dirigida por el Ministerio Público en contra del ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba nos presenta un ejemplo paradigmático de corrupción a nivel local. Sus detalles incluyen triangulaciones de dinero desde las corporaciones “Vita” a cuentas bancarias del exalcalde, la entrega de sobres de dinero, el descubrimiento de fajos de billetes en las paredes de su segunda vivienda y la denuncia efectuada por un antiguo amigo y colaborador. Si bien estos hechos aún deben ser acreditados en el correspondiente juicio, podemos extraer algunas lecciones para prevenir y descubrir casos similares.
Con esta investigación, Vitacura se suma a la larga lista de municipios que han estado ligados a casos de corrupción, poniendo de relieve la urgente necesidad de fortalecer la probidad de los gobiernos municipales. Entre otras medidas, distintas organizaciones han propuesto incrementar los estándares de gestión financiera, instaurar un concurso similar al de Alta Dirección Pública para ciertos cargos municipales (tales como la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el que se desempeñaba una de las principales investigadas del caso de Vitacura), integrar las corporaciones municipales a las obligaciones legales de transparencia (siguiendo así los dictámenes de Contraloría) y fortalecer el control interno y externo sobre los municipios.
Asimismo, la investigación confirma que la denuncia de testigos puede ser un mecanismo eficaz para combatir la corrupción, aun cuando esta herramienta podría ser más efectiva, fortaleciendo el estatuto de protección en favor del denunciante y creando incentivos que promuevan la presentación de denuncias, como la delación premiada.
Otro punto importante a considerar es que el caso Torrealba se destapó poco después de aprobada la reforma constitucional que puso límite a la reelección de los alcaldes. El punto de partida de la investigación fue una serie de registros de egresos de dineros sin los debidos respaldos, que llamaron la atención de la administración que sucedió a Torrealba, poco después de asumir. Esto sugiere considerar la posibilidad de reducir de doce a ocho años el tiempo máximo que puede estar un alcalde en una comuna determinada.
Por último, es indispensable dilucidar por qué los cientos de depósitos en efectivo a las cuentas bancarias de Torrealba no encendieron las alarmas de los bancos y entidades fiscalizadoras: casos como el de Vitacura son pruebas de fuego que permiten repensar las diferentes líneas de acción en contra del lavado de activos.
Los gobiernos locales son la “cara visible” del Estado frente a la ciudadanía, ya que se hacen cargo de gran parte de sus necesidades cotidianas más apremiantes, como salud y educación. Avanzar en una normativa de probidad municipal es esencial para fortalecer la menguada legitimidad de nuestras instituciones y recuperar la confianza ciudadana en el sistema político.
Por Eduardo Engel y Benjamín García, Espacio Público
