Después de desempeñar un papel preponderante en la fallida Convención Constitucional, la participación indígena está experimentando un movimiento pendular. Solo tres personas se inscribieron como candidatos indígenas para la elección de consejeros constitucionales. A diferencia del proceso anterior, no hay escaños asegurados, por lo que tienen que obtener un porcentaje del total de los votos para resultar electos. Si bien el umbral porcentual no es alto, es probable que ninguno lo alcance. El destacado académico Salvador Millaleo incluso ha afirmado que este mecanismo “castiga” a las personas indígenas al no asegurarles representación.
Sin embargo, yerra quien —como Salvador Millaleo— cree que la representación indígena depende de tener escaños reservados o mecanismos semejantes. En la discusión constitucional se ha asumido acríticamente que los indígenas solo pueden ser representados por otros indígenas, en puestos explícitamente diseñados para ello. Sin éstos, los indígenas quedarían excluidos y sus aspiraciones, ignoradas. Pero la inclusión de los indígenas en el proceso constitucional depende de la representación de sus intereses y no de la etnia de sus representantes. En una sociedad democrática somos representados porque nuestras aspiraciones, nuestras visiones, son tomadas en cuenta e influyen en la toma de decisiones. En efecto, un convencional podría tener visiones tan opuestas a las de la mayoría de su etnia que le fuese imposible representarla. Precisamente eso fue lo que vimos el 4 de septiembre pasado, cuando las comunas con mayor población indígena rechazaron abrumadoramente la propuesta constitucional.
Del mismo modo, hay que resistir la tentación de “descubrir” los intereses indígenas mirando a algún grupo o académico particular. Solo los mismos indígenas pueden decirnos cuáles son sus intereses, y pueden hacerlo del mismo modo que todo el resto de los ciudadanos: votando por los candidatos de su preferencia y participando en la discusión pública según concepciones del bien común impulsadas por las organizaciones típicas de una democracia representativa. De igual manera, debemos evitar creer que todos los indígenas, por el mero hecho de serlo, comparten los mismos intereses y visiones, que esperan ser “descubiertos”. Las aspiraciones de la población indígena han de ser tomadas en cuenta porque son aspiraciones ciudadanas, de personas libres e iguales. No es su pertenencia étnica la que las hace merecedoras de esa especial atención, sino su común ciudadanía. Y esa común ciudadanía supone que, como en el caso de cualquier otra persona, los intereses de las personas indígenas no se agotan ni se reducen a los intereses, reales o presuntos, de los grupos a los que pertenecen en virtud de su etnia. En una democracia son solo las personas las que pueden y deben decidir cuáles son sus intereses, en lugar de serles atribuidos por su pertenencia grupal.
La representación identitaria es incompatible con una democracia de ciudadanos libres. A pesar de las buenas intenciones de quienes critican el actual proceso por la supuesta exclusión de los pueblos indígenas, lo cierto es que la idea que está detrás de este “corporativismo identitario” resulta incompatible con la ciudadanía democrática. Medidas como los escaños reservados distorsionan la democracia porque distorsionan lo que significa ser libre. Las instituciones tradicionales de la democracia representativa (una persona-un voto, por ejemplo) pueden ser menos vistosas, y más lentas a la hora de producir cambios, pero logran algo fundamental: incorporan a los miembros de los grupos históricamente excluidos como ciudadanos libres, capaces de identificarse o no con sus pertenencias grupales. La ciudadanía igualitaria les permite adoptar, trascender, problematizar o incluso modificar sustancialmente, el sentido de dicha pertenencia. El desafío de los encargados de redactar la nueva propuesta constitucional es, entonces, buscar mecanismos para darle expresión a los ciudadanos indígenas en condiciones efectivamente iguales a las del resto de la población, sin caer en tentaciones identitarias.
Por Eduardo Fuentes, investigador Faro UDD
