Columna de Elisa Cabezón: Ponerle camisa de fuerza al préstamo

Las indicaciones en el acuerdo de pensiones logran algo fundamental. Logran introducir más ahorro para financiar las futuras pensiones a través de los 4,5 puntos extras de capitalización individual. Esto es clave, ya que libera la eventual presión fiscal que generaría un escenario en que las pensiones se financien principalmente vía PGU, es decir, con impuestos generales.

Sin embargo, hay que mirar con mucho cuidado al préstamo. Este consiste en que 1,5 puntos de cotización de los trabajadores se depositan en un fondo estatal autónomo llamado Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Con estos recursos se mejoran las actuales pensiones a través de una ayuda de a 0,1 UF por año cotizado.

El FAPP registra lo que aporta cada trabajador, con el compromiso de devolvérselo en el futuro en forma de pensión más un interés equivalente al que entregan los bonos del tesoro en el mercado público. Hay que tener claro que es una imitación de interés, ya que no se emite ningún bono del tesoro. Dado que no se emiten bonos, el préstamo de los trabajadores hacia el Estado no queda reflejado en deuda pública del Gobierno Central, deuda que tanto estresa a los ministros de Hacienda. El Estado tendrá que colocar ingresos fiscales en caso de que el FAPP no sea capaz de devolver el dinero.

El principal problema del préstamo es que crea una tercera forma de financiar gasto público presente sin tener que mencionar la odiosa palabra “impuesto” o “deuda fiscal”. Pero en la práctica genera los mismos efectos. Explico. Hay dos escenarios: que el fondo estatal que administra el préstamo quiebre o no.

Si el FAPP no quiebra y devuelve el dinero, implica que las cotizaciones en este fondo tuvieron una rentabilidad superior a la que se le reconoce al trabajador cuando se le devuelve el préstamo. Esta diferencia de rentabilidades financia el aumento de pensiones hoy y la devolución del préstamo en el futuro. Es el mismo efecto que un impuesto implícito a las rentabilidades de los trabajadores.

Si el FAPP quiebra, será el Estado del futuro quien se haga cargo de devolver el préstamo, ya sea recortando otros gastos o subiendo los impuestos. El mismo efecto que genera la deuda pública.

Se debe implementar una forma que transparente estas implicancias menos atractivas del préstamo para evitar un abuso de él en los próximos gobiernos cortos de dinero que quieran aumentar el gasto presente, pero no les queda espacio para subir impuestos o aumentar la deuda pública.

Por ejemplo, que se le muestre a los cotizantes la diferencias de rentabilidad que le devolverá el fondo estatal versus si esa cotización hubiera ido la cuenta individual. O en caso de que el fondo muestre estrechez, obligar al Ministerio de Hacienda realizar una reducción proporcional en el gasto público con el fin de reasignar recursos al FAPP, lo que presiona a recortar gastos públicos ineficientes.

Por último, el Senado deberá colocar todas las restricciones necesarias que impidan que este nuevo mecanismo de financiamiento se expanda para aumentar las pensiones u otro gasto público, muy tentador para cualquier gobierno de turno.

Por Elisa Cabezón, directora de Evidencia de Pivotes