En marzo de 2006, la Presidenta Bachelet convocó a un consejo asesor presidencial para la reforma previsional. Este consejo fue liderado por Mario Marcel, actual ministro de Hacienda, e integrado por destacados profesionales, tales como Rossana Acosta, actual presidenta del Banco Central, Andrea Repetto, decana de la Escuela de Gobierno de la PUC, y Harald Beyer, rector de la UAI, entre otros.
Este informe partía de la base de que prevenir es mejor que curar. En su introducción, el documento señalaba que “si se espera a que un sistema previsional entre en crisis para hacer cambios, es probable que sea ya demasiado tarde, por la dinámica de largo plazo de sus variables clave. Cuando una crisis se desata, es posible que la fuerza de los desequilibrios acumulados se vuelva incontrolable”.
Es triste constatar que la crisis llegó y que, a pesar de que han existido algunas reformas, el sistema no ha cambiado en lo medular. Lo que ha pasado hasta ahora es que cada gobierno llega con su propio proyecto de ley al Congreso Nacional y el nuevo texto cambia en forma diametralmente opuesta el contenido de la propuesta del gobierno anterior. Asimismo, la oposición impide el avance del nuevo proyecto, porque considera que es regalarle un triunfo a la administración de turno, y así.
La distorsión en este debate es evidente. Creer que una reforma es regalar un triunfo al gobierno de turno es no entender las bases constitucionales sobre las que se construye nuestro país.
La Constitución chilena establece en el artículo 1, inciso cuarto, que: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”.
No es el gobierno el que tiene el deber de promover el bien común, es el Estado de Chile. El Congreso Nacional representa uno de los tres poderes del Estado y, en ese sentido, el éxito de la reforma de pensiones es tanto responsabilidad del gobierno como de los parlamentarios.
Pronto, el informe Marcel va a cumplir 20 años desde su publicación. Es de esperar que cuando llegue esa fecha, podamos mirar hacia atrás y valorar su contenido como un insumo que abordó en forma seria y transversal un problema de gran relevancia para el país y que, a pesar de que tardó en llegar, podamos constatar que esta reforma se concretó.
Ese no sería un triunfo del gobierno, sería un triunfo del Estado de Chile, de todas las autoridades que pusieron lo mejor de sí para abocarse a su obligación principal, cual es trabajar al servicio de la persona humana. El gobierno del Presidente Boric ya dio el primer paso en esta línea, presentando en enero una indicación que cambia la forma en que se reparte la cotización adicional, proponiendo que la nueva cotización se distribuya 3% a un seguro social y 3% a la capitalización individual. Ahora, es momento de que el Parlamento recoja el guante y colabore para que el mandato constitucional sea respetado.
Por Elisa Walker, abogada
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