El proceso constitucional avanza. El Consejo Constitucional entregará a la Comisión Experta un bueno borrador de nueva Constitución y la Comisión tendrá que hacer observaciones a las mismas.
Del texto aprobado por el Consejo queda claro que para que Chile tenga una nueva Constitución, las observaciones que haga la Comisión no pueden ser cosméticas, sino que tiene que ser una revisión profunda a las normas que reciba. Esto se debe a que muchas de estas normas representan derechamente retrocesos en consideración a los consensos sociales, políticos y jurídicos alcanzados desde 1989 a la fecha.
Es un retroceso permitir que el Presidente de la República, con autorización del Senado, pueda remover al presidente del Banco Central o a sus consejeros. Hemos visto cómo se ha usado y abusado de las acusaciones constitucionales para efectos de incidir en la gestión de los gobiernos (de distintos colores). Incorporar mecanismos de remoción de integrantes del Consejo del Banco Central está lejos de ser una herramienta de resguardo del equilibrio económico; es mezclar la política contingente con la dirección de un ente autónomo. ¿Por qué cambiar una institución que funciona bien para incorporar elementos que la pueden desestabilizar?
Este año hemos visto importantes condenas por la violación de derechos humanos cometidos en dictadura. El caso de Víctor Jara es un buen ejemplo. Si se aprueba el texto del Consejo, no podría volver a existir un juicio como el de Víctor Jara, ya que se obliga a que todas esas causas vuelvan a la justicia militar. Esto es un claro retroceso.
En cuanto a los derechos de las mujeres, se regula la objeción de conciencia institucional y se eleva el estatus constitucional del ser en gestación, pasando de ser el “que” al “quien”. Esto es un claro retroceso, que va a generar la judicialización de las tres causales.
A lo anterior se suman las graves transgresiones a la noción del Estado social y democrático de derecho, como lo es el impedir a nivel constitucional que exista un sistema previsional que contemple parte de las cotizaciones como ahorro colectivo, ya que eso contradice la noción de que las cotizaciones son propiedad de los cotizantes. No solo se distorsiona este Estado social y democrático de derecho, sino que se bloquean los espacios de deliberación democrática que deberían existir en el Congreso Nacional. Este bloqueo no existe en la actualidad. Por algo, los proyectos de pensiones de los expresidentes Bachelet, Piñera, y del Presidente Boric, contemplan el ahorro colectivo. Este es otro grave retroceso.
Estos son algunos de los varios ejemplos sobre las complicaciones que presenta el texto del Consejo Constitucional. Por lo mismo, esto no se resuelve poniendo algunas limitaciones a la objeción de conciencia institucional o eliminando la exención de pago de contribuciones de la vivienda principal, cambios que sin duda son necesarios. Acá se requiere que la Comisión Experta haga una revisión exhaustiva del texto.
Por Elisa Walker, abogada
