Columna de Emilio Rodríguez Ponce: Ingreso a pedagogías: Autonomía, regulación y recursos públicos

La sociedad es inteligente y comprende que la formación de profesores y profesoras es un desafío irrenunciable para el país; sabe también que se requieren talentos, aptitudes y, sobre todo, vocación, para ejercer la pedagogía de manera competente.

Estos desafíos involucran necesariamente una perspectiva integradora, como la que el CRUCH ha planteado en el informe “La Docencia Cambia Vidas” -entregado al Ministerio de Educación en marzo de 2024-, donde se identifican nudos críticos y se proponen acciones concretas, como la flexibilización en la admisión a pedagogías, considerando el contexto actual de déficit docente; y el fortalecimiento de programas de acceso inclusivo para atraer jóvenes con vocación, especialmente en territorios vulnerables.

Sin duda, en el debate actual en torno a la ley que rige el acceso a las pedagogías se deben considerar diversas aristas.

En un marco de autonomía y libertad de enseñanza, las universidades tienen el derecho a definir sus vacantes, aranceles, puntajes de selección, modelos educativos y pedagógicos, entre otras decisiones inherentes a su independencia académica, económica y administrativa. Otra cosa es, sin embargo, cuando tales decisiones requieren la asignación de recursos públicos.

En efecto, el financiamiento por la vía de la gratuidad, crédito con aval del Estado y becas, demanda ingentes recursos públicos. Recursos, ciertamente, escasos, en un contexto de necesidades múltiples y de endeudamiento fiscal. El Estado tiene, en estos casos, el derecho no sólo legal, sino que también sociológico y moral, para fijar cuotas máximas de vacantes y aranceles, porque de otro modo no habría un control presupuestario y se podría incurrir en irresponsabilidad fiscal por omisión. Asimismo, tal y como ocurre en el caso de las pedagogías, el Estado tiene el derecho a definir puntajes mínimos o percentiles como requerimientos de calidad para quienes ingresen a las carreras pedagógicas.

No existe entonces un dilema entre autonomía y la definición de ciertos criterios de control por parte del Estado. La cuestión es, más bien, si los requisitos mínimos para el acceso a las pedagogías deben definirse por ley, es decir, como algo estático, sin flexibilidad, en letra petrificada, o se requiere una opción diferente.

Una mejor idea parece ser una nueva ley delegue las decisiones y los criterios de ingreso a las pedagogías en la institucionalidad vigente, como lo es el Comité de Acceso del Mineduc. Esta alternativa brindaría la dinámica que se necesita, permitiendo la consideración de eventos nuevos y la incorporación de nueva información; en definitiva, proporcionando al sistema una flexibilidad y una racionalidad, que no puede estar ausente en estos tiempos, cuando el país enfrenta el desafío de mejorar la calidad de la educación desde la formación inicial docente.

Ante la proyección de más profesores, las universidades del CRUCH plantean varias modalidades de formación: programas consecutivos y prosecución de estudios para licenciados/as, por ejemplo. En este escenario, es importante que la CNA defina criterios, estándares e instrumentos diferenciados para evaluar su calidad.

Adicionalmente, se requieren estudios serios y profundos que permitan conocer a cabalidad cuáles son los requisitos deseables y mínimos en forma dinámica, evaluando sistemáticamente la oferta y la demanda por pedagogías, comprendiendo que los/as profesores/as se hacen en la práctica, que su calidad debería mejorar con la experiencia y, finalmente, discerniendo que esta es una profesión esencialmente relacional, donde las interacciones entre sujetos es clave para el logro de sus propósitos.

Chile necesita más profesores/as y, por supuesto, mejores profesores/as. Los requisitos de ingreso constituyen un tema importante y esencialmente dinámico, por lo que confiar en el Comité de Acceso, confiar en la autorregulación del sistema, confiar en un rol proactivo del Estado, en un papel en el que éste proporcione información, antecedentes e investigaciones, parece ser un camino razonable y consistente con la lógica del sistema de educación superior de nuestro país.

Por Emilio Rodríguez Ponce, vicepresidente ejecutivo de Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas