Estimaciones de la última Casen cifran la cantidad de extranjeros en Chile en 1.700.000 personas. De ser así, significaría que en los últimos veintiún meses ingresaron a Chile 217.700 extranjeros, convirtiéndonos en la válvula de ajuste de la pobreza y la inseguridad que afecta a otros países.
Desde los inicios de la Independencia, el Estado intervino activamente en la inmigración, amparándose en criterios de cautela, descentralización geográfica y poblamiento de zonas extremas.
Los extranjeros que deseaban residir en el país ingresaban con su visa o permiso de residencia otorgado por los consulados chilenos. Tan restrictiva fue la política migratoria que, salvo entre 1885 y 1920 el porcentaje de extranjeros radicados en Chile no superó el 2,5% del total de la población, alcanzando en 1907 una tasa máxima del 4,1% (debido a la incorporación temporal de Tacna).
A partir de 1990 se adoptaron, por medios administrativos, políticas más aperturistas, lo que junto a las regularizaciones migratorias en 1998 y 2008, impulsaron un alza de la población extranjera -que pasó de 115.000 en 1992 a 305.000 en 2010. Luego, en 2013, el gobierno del Presidente Piñera presentó un proyecto de ley que recuperaba la acción proactiva del Estado en materia migratoria, pero que no logró avances en el Congreso, dominado por la oposición. Sin embargo, se introdujeron cambios en la gestión migratoria, disminuyendo la velocidad del incremento de la inmigración, ya que los 305.000 extranjeros de 2010 aumentaron a 410.000 en 2014 (+105.776 en cuatro años).
A partir de 2014 el flujo de ingreso de inmigrantes aumentó dramáticamente, alcanzando a 1.100.000 extranjeros en 2017, es decir 600.000 nuevos inmigrantes en tres años. Desde el 2018 se logró aminorar el flujo migratorio, mediante visas de turismo y prohibiciones por pandemia; el número de extranjeros aumentó en 363.183 del 2018 al 2021 y en diciembre de 2021 los extranjeros en Chile ascendían a 1.482.300.
Desde mediados del 2021, los sucesivos gobiernos adoptaron decisiones administrativas que desarticularon el espíritu de la ley, alentando el ingreso irregular de extranjeros, lo que facilitó la llegada de bandas criminales internacionales. El resultado de la política migratoria en estos años muestra, así, un aumento inorgánico de la población extranjera y una ausencia de estatalidad en la inserción del migrante en el país.
Urge una mirada de Estado en el tema migratorio, que cierre las brechas legales y administrativas, y active una gestión ordenada, clara y fidelizada con la realidad actual del país. También que la Cancillería abandone el statu quo e intervenga en la política migratoria, introduciendo técnicas prospectivas que prevean las crisis migratorias. Un ejemplo de ello es el programa Preview (Alemania), que permite visibilizar y comprender las situaciones de conflictos, con el fin de anticiparlos, predecirlos y aportar información adecuada y veraz sobre escenarios de migraciones hacia el país.
Por Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores
