Qué duda cabe que en la actualidad la percepción de seguridad entre los habitantes de nuestras ciudades tiende a la baja. La exposición directa a hechos de violencia o intermediada por testimonios directos o de los medios de comunicación producen este efecto. No cabe duda: la inseguridad es un hecho real y grave. Como consecuencia de esto, la demanda por orden, y específicamente por orden público, crece y es urgente.
Al igual que con la provisión de otros bienes públicos y derechos, la construcción de orden y seguridad para la ciudadanía es responsabilidad principal del Estado y debe ser provista con eficacia y eficiencia. Si ello no se produce, son las instituciones democráticas las que se debilitan, y de ese modo, en el mediano plazo, las posibilidades de progreso colectivo también disminuyen. En América Latina hemos conocido casos de democracias que han sido puestas en cuestión por fenómenos vinculados a la violencia criminal y el narcotráfico.
Ahora bien, los modelos que están suscitado el apoyo de una parte importante de la política chilena centran su acción en la mano dura y con ello justifican la posibilidad de pasar a llevar derechos fundamentales, en vistas de un supuesto bien superior, y transforman la violencia y la represión en la única alternativa para el control de la inseguridad y la recuperación del orden perdido. Frente a esta alternativa, cabe preguntarse: ¿Qué tipo de orden surge de un proceso centrado exclusivamente en el uso de la violencia y la represión? ¿Quiénes son los protagonistas privilegiados de este proceso y qué tipo de relaciones sociales buscan construir? Bajo esta mirada, la democracia palidece.
Solo a través de una democracia fuerte y valorada por la ciudadanía podemos asegurar que la implementación de medidas que buscan seguridad y orden no se conviertan en instrumentos de disciplinamiento social y represión generalizada.
El uso de la violencia legítima por parte de agentes del Estado no tiene posibilidades de transformarse en disciplinamiento social solo si se aplica respetando la democracia, es decir, en coordinación con las comunidades organizadas y en estricto respeto de los derechos humanos. Una vez recuperados espacios que han estado en manos del crimen, es la comunidad organizada la que puede devolverlos a la vida. Solo si la comunidad es protagonista, el progreso se vuelve real, en tanto el orden y las reglas claras permiten el libre despliegue de las capacidades de los ciudadanos.
Sí al uso legítimo de la fuerza para satisfacer la necesidad de orden, pero inseparablemente unido a la acción comunitaria y de los territorios organizados. Control y castigo a los que no respetan las normas, sin duda, pero indisolublemente vinculados al espacio público compartido y ocupado por la comunidad. El orden es un valor democrático fundamental en tanto entrega certezas a los ciudadanos, y la seguridad pública es su consecuencia esperada en la operatividad cotidiana de los ciudadanos.
Por Eolo Díaz-Tendero, director ejecutivo Fundación Horizonte Ciudadano
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.