Una serie de situaciones de acoso sexual y violencia acontecidas en los últimos meses en instituciones de educación superior (IES) ha puesto sobre la mesa el rol que, como actores del sistema, es necesario priorizar en materia de convivencia, para el desarrollo de entornos respetuosos, que logren integrar a sus comunidades. Las situaciones de violencia, en ocasiones, inciden en la salud mental de las personas, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de interacción social.
Afortunadamente, de ello se hacen cargo los nuevos Criterios y Estándares de calidad de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), a propósito de las modificaciones impulsadas por la Ley 21.091 de Educación Superior, y que entraron en vigencia el 1 octubre de 2023. El Criterio 7 (para universidades) o 9 (para la formación técnico profesional) se refiere de manera específica a la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión.
En la CNA bien sabemos que entornos de convivencia responsable generan desarrollos integrales y protegen a las personas de experimentar violencia. Todos aprenden más y mejor en espacios seguros. En efecto, la importancia de la convivencia y el compromiso con la calidad de vida es particularmente relevante para la promoción de aprendizajes en ambientes diversos que enriquecen los procesos. Entendemos que los espacios educativos no siempre pueden comprometer una permanente buena convivencia, pero sí pueden garantizar acciones para que ésta apoye procesos de formación y desarrollo.
Diversos estudios avalan este diagnóstico, como “La sociedad del cuidado. Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género” (CEPAL, 2022), que analiza el cuidado como una función social en relación con el desarrollo sostenible; reconoce su importancia en los procesos productivos y reproductivos; y se plantea como un derecho el lograr una visión de la sociedad, identificando los desajustes y brechas, doblemente acentuadas en procesos migratorios y más aún en postpandemia.
El criterio 7/9 plantea la capacidad de una IES de responder a los desafíos en estas materias, asociando su gestión a los propósitos institucionales y al aporte en el desarrollo de su comunidad. Lo hace abordando la diversidad y la inclusión, que se promueven en las acciones y recursos, mecanismos y mejora continua, reconociendo la importancia de un ambiente favorable para la convivencia y calidad de vida, y promoviendo una cultura de convivencia respetuosa, que compromete satisfacción de resultados, es decir, impacto en la percepción de las personas.
La existencia de una política institucional en la que converjan estos elementos, o una específica para cada uno de ellos, es una decisión que responderá a las miradas estratégicas de cada proyecto educativo y su capacidad para comprometer acciones, desarrollos y aprendizajes, adaptándolos al movimiento en el que, de manera global, está hoy la sociedad, aprovechando así una oportunidad para ver a la convivencia, género y diversidad de manera integrada, con mirada de futuro.
Eso sí, debemos recordar que los criterios de calidad también son dinámicos y se sintonizan con los entornos, lo que se puede observar, por ejemplo, en la instalación de la diversidad y la inclusión como principios en distintos proyectos institucionales, y que fraguan un marco de convivencia responsable y solidario, asociado a la participación de sus comunidades estudiantiles. Un marco necesario para velar que, en la evolución de esta sociedad líquida en la que vivimos, los espacios de desarrollo de las IES estén libres de situaciones de acoso sexual o violencia de todo tipo.
Por Erika Castillo, vicepresidenta Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile
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