Columna de Ernesto Ottone: Miopía

PROCESO CONSTITUCIONAL
PROCESO CONSTITUCIONAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA


Además de la definición médica, el Diccionario Oxford Languages entrega otra: “Incapacidad para ver cosas que son muy claras y fáciles de entender o para darse cuenta con perspicacia de algún asunto”. Es lo que denomina “miopía intelectual”.

Esta característica suele ser muy común en política y afecta sobre todo a quienes sustentan posiciones de extrema derecha o de extrema izquierda. Las causas de esta miopía parecen ser el exceso doctrinario, el convencimiento de verdades absolutas que creen poseer, el desprecio por un cierto relativismo propio de las reglas democráticas y una sordera crónica frente a las opiniones diferentes que consideran hijas del error.

Estas causales se agravan cuando, por estados de ánimo normalmente efímeros, obtienen una gran votación como suele suceder con el voto volátil y emocional que se produce en nuestra sociedad de la información.

Sucedió con el primer proceso constitucional influido por un órdago refundacional, una utilización falaz del independentismo político y una visión fabuladora de la heterogeneidad originaria. Todo ello produjo una elección muy sesgada en favor de una izquierda identitaria y bullanguera, poco amiga de negociar y dotada de una expresividad agresiva y cansona a la cual se plegó la izquierda achunchada, que pedía excusas por su reciente reformismo a pesar del avance que significó para el país.

Como bien sabemos esa historia terminó con una derrota de proporciones del texto presentado, propinada por quienes pensábamos que ese texto era fruto de un delirio que debilitaba al sistema democrático y bloqueaba la posibilidad de retomar en el futuro el camino de las reformas serenas que habían cambiado el rostro de Chile. Por supuesto también se opusieron sin hacer, afortunadamente, demasiado ruido los sectores conservadores.

Comenzó entonces un segundo proceso constitucional, preparado responsablemente, donde parecía buscarse una salida consensuada, un texto que pudiera aprobarse en diciembre de este año por una gran mayoría nacional.

Se aprobaron doce límites institucionales de carácter democrático que concitaron el acuerdo de todas las fuerzas políticas, una Comisión de expertos nombrados por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, un Comité Técnico de admisibilidad nombrado por el Senado a propuesta de la Cámara y un Consejo Constitucional de cincuenta consejeros, elegidos por voto popular.

Todo muy bien, impecable, salvo que la votación popular esta vez giró de un extremo al otro. El voto voluble y desencantado esta vez deseaba castigar duramente a quienes juzgaba responsables del texto rechazado y en plena crisis de seguridad buscaba oponerse tanto a la clase política tradicional como a quienes estaban en el poder.

Ello disminuyó los votos de la derecha clásica y del oficialismo. Una gran votación se concentró entonces en el partido Republicano. Fue una alarma temprana para la esperanza de que primaran los acuerdos para generar un texto equilibrado, porque bien sabemos que no es la bonhomía política lo que caracteriza a los extremos, ni tampoco la convicción de que una constitución democrática no puede incluir solo los valores de una mayoría circunstancial, si no que debiera ser un espacio normativo que permita el funcionamiento de una democracia pluralista donde, como dice Jesús Silva-Herzog Márquez “el que gana no lo gana todo y el que pierde no lo hace para siempre”.

Los expertos prepararon un muy buen texto, al que le faltaba muy poco para transformarse, a condición de seguir su espíritu, en el texto consensual que se requería. La bienvenida en el Consejo fue de 400 propuestas de cambios.

El proceso de negociación posterior tuvo altos y bajos, idas y venidas, muchas promesas no cumplidas que generaron desconfianza y posiciones partisanas. Si bien hubo concesiones y algunas flexibilidades estas fueron largamente insuficientes. El partido Republicano pensó que al ser la primera fuerza le asistía el derecho a imponer un texto en el que se sintiera cómodo, demasiado cómodo, arriesgando así que el texto no generase un acuerdo base para una constitución estable y duradera.

La centroderecha trató de jugar un papel moderador, pero en una curva del camino como en los panamericanos se les cayó la bicicleta. Pienso que está cometiendo el mismo error de la centroizquierda hace algunos años respecto a la izquierda radical, es decir abandonar su autonomía política y abrazar una posición subordinada respecto a la derecha radical. El oficialismo por su parte, todavía muy herido por la experiencia anterior no tuvo el peso o quizás tampoco la flexibilidad necesaria para lograr mejores equilibrios. La combinación de todos estos factores nos ha llevado a una situación incierta cuyo resultado es difícil de predecir y cuya base será débil. Sea cual sea el resultado del plebiscito se ha perdido una gran ocasión de reforzar nuestra convivencia democrática.

Más aun en una situación mundial que atraviesa una fase triste, tumultuosa, con una economía global de baja prosperidad y una geopolítica que muestra dos guerras que se entrelazan y se amplían, con un sistema intergubernamental deteriorado. No vienen tiempos de jolgorio. Chile está obligado por sus características a contener sus conflictos internos, a disminuir sus divisiones, a generar acuerdos que le permitan retomar el desarrollo y el camino del bienestar social en tiempos de ira. Creo que la tendencia conservadora impuesta en el texto que se presenta no contribuye a ello.

En todo caso es necesario no dramatizar el plebiscito, tanto por aquellos que votarán por la aprobación, como por quienes no lo haremos convencidos de que sus aspectos positivos no son suficientes para equiparar el desequilibrio generado por las normas demasiado inclinadas, introducidas por la extrema derecha. Pero no se juega aquí un peligro irreparable que haga cambiar de manera sustancial a la democracia chilena. Pensar así tendría algo de “fetichismo constitucional”. Sea cual sea el resultado, el gobierno debería concluir este ciclo constitucional de acuerdo a lo decidido por la ciudadanía, y entrar de lleno en el avance de las respuestas a los tantos requerimientos de la población que no están resueltos. Sobre todo, no tentarse en prestar oídos a las minorías callejeras que quisieran producir un nuevo pandemonio (lugar de mucho ruido y confusión) generando un hábitat perfecto para que Chile no avance.