Por Ernesto Silva, FARO UDD
Al menos son tres las iniciativas programáticas que están influyendo en la discusión pública de los últimos meses. El programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, la propuesta de texto constitucional elaborada por los convencionales y la cuenta pública del Presidente de la semana recién pasada. Esta última, más que una cuenta, pareció un programa de acción futuro, que recogió elementos del programa de gobierno y de las ideas que inspiraron a la Convención. Poca cuenta (entendible considerando que van pocos meses de gobierno), y mucha promesa (algo recurrente en un gobierno que promete transformarlo todo).
Un eje central de todas estas iniciativas es el fortalecimiento del rol y del poder del Estado en distintos campos de la realidad política y social.
Crece significativamente la burocracia estatal, a través de la creación de nuevos organismos centrales y también a nivel regional y comunal. Se consagran nuevos derechos sociales y se reconocen grupos que ameritarán protección estatal. Se fortalece el rol del Estado empresario, estimulando la creación de nuevas empresas estatales y locales, y limitando en distintos ámbitos la iniciativa privada que existe actualmente. En materias educacionales, sanitarias y de previsión social, se refuerza el rol estatal en desmedro de los actores privados que actualmente existen. A nivel individual, se debilita el derecho de propiedad en sus diversas dimensiones y se fortalecen los derechos de los grupos e instancias colectivas, todos ellos resguardados por el Estado. En materia tributaria, está próxima a ingresar una reforma tributaria para financiar nuevos gastos que implican -naturalmente- el crecimiento del Estado. Se podrían mencionar muchos ejemplos más.
Naturalmente, una cuestión de fondo y de amplio debate es cuál debe ser el tamaño del Estado en el Chile de hoy, cuál debe ser el nivel de gasto público. Personalmente, considero inconveniente aumentar el rol del Estado en desmedro de la iniciativa individual.
Otra discusión, relacionada pero diferente, es la siguiente: ¿somos capaces de tener más Estado con este Estado? Si bien hay quienes argumentan que el Estado chileno es eficiente en comparación con otros países, dicha argumentación es al menos discutible. Tanto el desempeño en materia de educación pública escolar, como la gestión de hospitales y salud pública, así como la capacidad (o incapacidad) demostrada para combatir la delincuencia y el narcotráfico, hacen muy difícil pensar que este Estado será capaz de asumir nuevas y complejas tareas como las pretendidas por el Presidente y la mayoría de los constituyentes.
Por todo lo anterior, avanzar en darle más roles al Estado sin avanzar en una modernización seria del mismo, es un camino equivocado y que puede generar aún más frustración respecto de las expectativas que día a día aumentan el Presidente y la Convención.
Aumentar el tamaño del Estado hoy, sin hacer el esfuerzo previo de hacerlo más eficiente, va en perjuicio de los sectores más vulnerables, que no solo estarán impedidos de elegir, sino que verán desbordados los servicios públicos que actualmente no son capaces de satisfacer sus necesidades.
