Una de las cosas que recordamos durante el debate de la fracasada Convención Constitucional fue que el poder debe estar limitado y que las libertades individuales deben estar debidamente resguardadas. Por eso preocupaba tanto la idea de eliminar el concepto de “Poder Judicial” y reemplazarlo por Sistemas de Justicia. Por eso se cuestionó la definición de un sistema presidencial acompañado de un Congreso de los Diputados que se elegía al mismo tiempo que el Presidente, y que no tenía una contraparte adecuada en un Senado o cámara superior, sino en un órgano representativo de las regiones pero con pocas atribuciones y relevancia. La falta de contrapesos ponía en riesgo la existencia de una democracia sana y libre.
El poder estatal (especialmente el Ejecutivo) debe estar limitado, tener contrapesos, y permitir a las personas y a la sociedad civil expresarse con libertad, sin temor, y sin riesgos de censura o control estatal.
Dado todo lo que revivimos durante la Convención, es preocupante ver las señales que ha dado el gobierno en materia de medios de comunicación. La libertad de prensa es uno de los pilares fundantes de una sociedad libre y democrática, y para ello la intervención estatal en esta actividad es muy riesgosa y delicada.
La mesa de trabajo sobre medios de comunicación que lidera el Ejecutivo en conjunto con algunas universidades, despierta la inquietud sobre sus fines y posibles instrumentos. El nombre de la mesa de trabajo podría parecer neutro: Más Voces: Medios de Comunicación y Democracia, pero hay dos factores que hacen que sea una fuente de preocupación.
El primero es la visión de una parte de la coalición de gobierno, especialmente el Partido Comunista, que ha propuesto desde hace mucho la creación de una ley de medios, lo que, en la práctica, implica mayor intervención estatal en los medios de comunicación y control por parte del poder político de la información y las prioridades. Ello se reflejó en el programa de gobierno que promovía un nuevo sistema de medios públicos, y también se ha reflejado en las declaraciones que se han hecho a lo largo de este corto pero atribulado mandato presidencial.
El segundo es el mensaje que el español Pablo Iglesias -referente del Frente Amplio- ha transmitido en Chile recientemente. Es conocida su influencia en el gobierno y es conocido también que su grupo político ve en Chile un laboratorio ideal para implementar políticas de izquierda que no han logrado implementar en Europa por no convencer a sus ciudadanos del mérito de las mismas.
Iglesias ha criticado una supuesta falta de pluralidad de medios, lo que perjudicaría la capacidad de influir por parte de las izquierdas. Ello es coincidente con la línea argumental de los convencionales derrotados, quienes señalaron durante mucho tiempo que el fracaso de la Convención se explicaba por noticias falsas controladas por ciertos medios o canales de información. La receta de Iglesias -obviamente- es empoderar al Estado para intervenir a través de la definición de tres grupos o categorías de medios: privados, estatales, y un tercer grupo manejado por actores sociales. Esto implica definir un rol estratégico y proactivo del Estado en la comunicación e información de la ciudadanía, creando nuevos medios controlados por el Estado, y generando otros medios para que sean controlados por “alguien” que probablemente será cercano al gobierno de turno.
Por eso y por muchas más razones, mucho cuidado. Chile siempre puede mejorar en sus indicadores de libertad de prensa y libertad de expresión, pero la intervención estatal y la línea planteada por Iglesias sería un camino gravísimo en caso que el gobierno lo considerara.
Por Ernesto Silva, FARO-UDD
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