A veces pareciera que las pasiones doctrinarias son más importantes que la salud y la vida de las personas. En efecto, en el centro de la crisis del sistema de salud en Chile se encuentra una dicotomía que, más que reflejar un verdadero conflicto, pone en evidencia nuestra incapacidad para abordar problemas complejos con una mirada madura y equilibrada: la tensión entre libertad y equidad, que se expresa a través de asignar una supuesta superioridad moral a la provisión pública de prestaciones y seguros de salud por sobre la provisión privada.
En los últimos años, hemos sido testigos de un deterioro alarmante en los indicadores de salud. El cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte, un recordatorio brutal de nuestra incapacidad para responder con la celeridad que exige. Paralelamente, las enfermedades crónicas, potenciadas por el envejecimiento poblacional y estilos de vida poco saludables, avanzan sin tregua. Sin embargo, a pesar de la urgencia de estos desafíos, el debate sobre cómo resolverlos ha sido capturado por dogmas que nos impiden avanzar.
Amparados en una mirada ideologizada y equivocada, algunos atribuyen una superioridad moral a priori a las instituciones públicas por sobre las privadas, cuando ello no tiene un fundamento justo, y cuando lo relevante es la contribución de cada una de ellas al bien común y al desarrollo de las personas. Por ello, nos parece que esta es una visión equivocada que ha llevado a un debate polarizado e inconducente en torno a la equivocada dicotomía entre lo público y lo privado. Por su parte, quienes defienden la provisión privada de salud y los seguros privados suelen hacerlo desde un punto de vista de la eficiencia de los servicios y seguros, y no sobre su fundamento o legitimidad moral. Tal vez esta lógica argumental limitada a la eficiencia ha dejado de lado un aspecto central del debate.
La actividad privada en salud contribuye al bien común pues a través de su acción permite que muchas personas tengan oportunidades justas y oportunas para resolver sus problemas de salud, dentro del marco de la libertad de emprender y del respeto a los derechos de las personas. Los seguros privados, a su vez, permiten que los individuos compartan los riesgos y accedan a resguardos ante los imponderables de la salud, dentro de un marco compatible con la solidaridad azarosa y la imparcialidad actuarial.
Desde ciertos sectores, se descalifica al sistema asegurador privado como inherentemente inequitativo, mientras se promueven políticas que refuerzan el papel del Estado. Además de ser una crítica injusta, la verdad es que fortalecer exclusivamente al Estado no ha resuelto los problemas estructurales como las listas de espera interminables, la falta de acceso a tratamientos oportunos y la ineficiencia administrativa. Por el contrario, ha perpetuado un sistema que responde más a un ideal político que a las necesidades reales de las personas.
Aquí surge la pregunta fundamental: ¿es posible reconciliar la libertad de elegir con la equidad en el acceso a la salud? La respuesta no solo es afirmativa, sino que es imperativa. La verdadera equidad no implica uniformidad ni exclusión de alternativas. Es, más bien, la capacidad de garantizar que cada persona, independientemente de su origen o condición económica, acceda a servicios de salud de calidad cuando los necesite, sin que ello signifique un sacrificio financiero desmedido.
La libertad, entendida como la posibilidad de elegir entre diversas opciones, es compatible con un sistema que asegure equidad. Países que han madurado políticamente han demostrado que ambas pueden coexistir. Esto requiere construir un modelo mixto, pragmático y centrado en las personas, que combine la eficiencia del sector privado con la solidaridad del sector público.
Las personas quieren elegir, pero también quieren sentirse protegidas. Quieren un sistema que les permita acceder a tratamientos oportunos sin caer en gastos inasumibles. Esto no es una utopía; es una meta alcanzable si somos capaces de superar el reduccionismo ideológico y adoptar una visión centrada en el bien común.
La crisis de salud que enfrentamos no es solo un problema técnico; es, sobre todo, un desafío ético y político. Es hora de que Chile madure en su discusión sobre la salud, poniendo a las personas en el centro y reconociendo que libertad y equidad no son opuestos, sino los dos pilares de un sistema de salud verdaderamente justo.
Por Ernesto Silva, director ejecutivo Faro UDD, y Paula Daza, directora ejecutiva CIPS-UDD
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.