El Ejecutivo ha presentado una propuesta para el pago de la reparación de la deuda histórica docente que se generó desde la década de los 80 en Chile, al traspasar la educación hacia los municipios.
La propuesta del Ministerio de Educación implica que se beneficiarían a cerca de 58 mil docentes con un pago de 4,5 millones de pesos. Dado el paso del tiempo, este beneficio incluye a los docentes que aún viven al momento de aceptar la propuesta, y será transmisible en el caso de que el profesor o profesora fallezca durante el proceso de pago. Este se realizará en dos cuotas durante el año 2025, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo para los docentes de mayor edad. La deuda histórica se saldará en seis años y tendrá un costo total de 259 mil millones para el Estado.
La deuda histórica ha sido un problema legal que el Estado ha arrastrado por décadas, y que ha sido reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que el Estado de Chile incurrió en una falta por no pagar en tiempo y forma los recursos que correspondían a los docentes. Tal situación ha afectado gravemente a un gran número de profesores en el país (algunos de los cuales fallecieron sin reparación), y mostró por largo tiempo la escasa valoración de los docentes en el país. Aun más, al no buscar soluciones a la deuda histórica se ha convertido en un lastre y piedra de tope que entorpece avanzar en acuerdos entre sucesivos gobiernos y el gremio de los docentes.
Por las razones expuestas, esta propuesta es una oportunidad histórica para resolver de raíz el problema. Para ello es necesario que, de llegar a un acuerdo, este sea sellado de forma tal que no se reabra en el futuro, para que Chile supere esta oscura etapa en la educación escolar del país y en la valoración del profesorado.
Desde un punto de vista técnico, podría discutirse el monto homogéneo usado para la reparación para docentes que podrían estar en situaciones diferentes. Asimismo, el valor del monto podría calificarse como relativamente bajo. En contraposición, es también necesario considerar el enorme esfuerzo de gasto público que implica esta propuesta, en tiempos de recursos escasos y múltiples necesidades educativas y sociales entre la población. Sin duda, se trata de un balance delicado y que requiere apertura, flexibilidad y entendimiento entre las partes involucradas. De esa forma se puede iniciar una nueva relación entre autoridades educativas y los gremios docentes que toque temas relativos a la enseñanza, el aprendizaje, la inclusión y la forma en que desde las salas de clase se puede construir un país más justo y pacífico.
Finalmente, se debe reconocer el esfuerzo del gobierno por enfrentar propositivamente el problema de la deuda histórica, pues es la primera vez que se hace una propuesta seria y concreta para resolver esta situación desde el regreso a la democracia. También es loable la apertura del Colegio de Profesores para escuchar la propuesta y someterla a consulta con las bases. Esperemos que ese ánimo persista para que no dejemos pasar la oportunidad histórica de resolver esta deuda con los docentes de Chile.
Por Ernesto Treviño, académico Facultad de Educación UC e investigador del Centro de Justicia Educacional
