El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Diputados respaldó la resolución 274, que solicita al Presidente de la República tomar las medidas urgentes para que la Dirección General de Aguas (DGA) cumpla de forma inmediata lo dispuesto en el artículo 299, letra a del Código de Aguas, de forma que se pueda afrontar de manera eficaz y eficiente la megasequía que afecta al país.
En el documento, se detalla el informe emanado por la Contraloría General de la República que describe las “insuficientes acciones” desarrolladas por este organismo, señalando que “el actuar de la DGA no se aviene a los principios de probidad y eficiencia del Estado” y que, en los últimos cuatro años, no se han llevado a cabo medidas para cuidar el agua en nuestro país.
A la luz de este informe, salta a la vista que “el hilo siempre se corta por lo más delgado”. La grave situación estructural hídrica del país, entendiendo que la mejor forma de administrar este recurso es por medio de la ejecución de una gestión integrada y a largo plazo, dejando fuera las políticas públicas cortoplacistas y las discusiones teóricas, requiere de definiciones de inversión que deben emanar de la máxima autoridad y su Comité de Ministros, atribuciones con las que, por supuesto, no cuenta la DGA ni menos con el presupuesto.
Si nos vamos a ejemplos concretos, el Programa de Embalses de la DOH elaborado en el primer gobierno de Michelle Bachelet consideraba 19 megaobras, de las cuales la única que llegó a ver la luz fue la de Chacrilla en 2017, en la V región, mientras en 2021 comenzó la construcción del embalse Las Palmas en Ligua-Petorca, no sin una serie de dificultades en la ejecución del proyecto. Es decir, en 12 años no han llegado a construirse dos obras completas, lo que significa que en los últimos 14 años –mismo periodo de crisis y urgencia por la megasequía- el Estado no ha hecho lo necesario en materia de agua superficial para resolver el problema.
Asimismo, la decisión de este gobierno de postergar hasta julio de este año la recepción de las ofertas técnicas de la licitación de la concesión del embalse Nueva La Punilla, el proyecto de mayor capacidad dentro del plan de embalses y que permitiría dar seguridad de riego a unas 70 mil hectáreas de Ñuble, dan cuenta una vez más de la falta de visión de Estado respecto de los temas de seguridad hídrica.
En tanto, el compromiso de la DGA, derivado de las obligaciones que significan el esfuerzo de gestión del recurso hídrico para el sector público y los privados, puso en marcha la generación de Planes Estratégicos de Gestión Hídrica (PEGH) para cada una de las 101 cuencas del país con meta al 2030, contando a la fecha con 48 planes concluidos. Esto, con un criterio de urgencia en la necesidad de información para apoyar una gestión sustentable del agua, en las zonas más afectadas por la crisis climática global y nuestra sequía, buscando soluciones de infraestructura y capacidad de gestión que permitan resolver las brechas de demanda de mediano y largo plazo.
No obstante, para que este esfuerzo y trabajo de la DGA genere frutos significativos en la gestión y cuidado del agua, se requiere el compromiso del Estado y sus organismos regionales en el financiamiento de obras y programas, de manera que puedan ejecutarse de forma continua y no dependan, como hasta ahora, de cada gobierno. De otra manera, serán letra muerta sin la necesaria capacidad de implementación y sin que esto sea “culpa” del organismo que lo ha impulsado con el fin de aportar a los “principios de probidad y eficiencia del Estado”.
Por Eugenio Celedón Cariola, past president Alhsud Chile y socio Hidrogestión
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