El rechazo de la idea de legislar repone el problema de la(s) coalición(es) de gobierno, la necesidad de terminar con el chantaje de parlamentarios individuales en el contexto de la fragmentación política que nos afecta y de promover una deliberación pública sobre el sistema tributario que obligue a quienes defienden el sistema actual a hacerse cargo de sus deficiencias y de las consecuencias sociales del rechazo.
El Presidente de la República en su discurso en el cambio de gabinete resaltó que, junto con mejorar la gestión, el cambio estaba orientado a construir una alianza de largo plazo pensando en la posibilidad de entregar el mando a una mujer u hombre de esa nueva coalición. También se ha llamado a consensuar un programa de gobierno que, manteniendo los principios, dé cuenta de los viejos y nuevos desafíos, y de la correlación de fuerzas. Esta decisión presidencial debe ser seguida por cambios sustantivos en la forma de hacer política. No ha sido buena carta de presentación las declaraciones de dirigentes políticos que pedían más puestos gubernamentales sin contribuir al debate en torno a los dilemas que enfrenta la política pública. Tampoco ayuda la persistencia de la fragmentación política de las fuerzas que apoyan al gobierno y la inexistencia de iniciativas de confluencia entre los distintos grupos. La solidez de la coalición es crucial para enfrentar al populismo de derecha y de izquierda, y para impulsar un diálogo con las fuerzas que pueden contribuir a enfrentar las demandas en educación, salud, seguridad y pensiones.
La ágil convocatoria a un diálogo tributario es expresión de la capacidad de agencia del gobierno y de la necesidad de enfrentar el desfinanciamiento que amenaza a la PGU, la reforma de salud, los requerimientos en educación y de seguridad. Preocupan voces que señalan que los mayores ingresos por el litio hacen innecesaria la reforma en circunstancia que las rentas del litio, del cobre y de otros recursos naturales deben ser utilizadas para construir una economía basada en el conocimiento y para impulsar a nuestro país hacia una economía más verde, fundamentales para asegurar la competitividad de nuestras exportaciones. También posturas como la de la Confederación de la Producción y el Comercio que se retracta en temas que había aceptado en el curso del debate anterior al rechazo. Son poco propicias para la deliberación pública y para enfrentar los graves problemas que dejó en evidencia el 18-0 las posiciones que evidencian la autocomplacencia con la estructura tributaria vigente, pese a los problema de regresividad, insuficiencia y la persistencia de la elusión y evasión que permite el actual sistema tributario, y declaraciones como la del diputado Macaya que, rompiendo con la actitud dialogante que mantenía sobre la continuidad del debate constitucional, haya señalado que estuvieron “ideológicamente obligados a votar en contra de la reforma”.
Por Eugenio Rivera, Fundación Casa Común
