Columna de Felipe Balmaceda: Una racionalidad para rechazar

Fui del 78% de los ciudadanos que votó Apruebo en el plebiscito y apoyó la creación de una Convención Constitucional. Pero en el referéndum que viene, mi postura será rechazar. Hay múltiples razones para concluir que esta propuesta no está a la altura del país que somos y queremos ser. Para mí, las más importantes son las siguientes:

1) La autonomía territorial de los pueblos originarios es problemática per se, pero lo es más aún porque en el evento de una expropiación no se establece que se compensará el daño patrimonial causado por ella. En La Araucanía hay aproximadamente 480.035 hectáreas de bosque de propiedad de las forestales. Este es un negocio lucrativo para los grupos autonomistas, que bajo autonomía territorial presionarán para que estos sean expropiados. Algo similar puede ocurrir con el sector minero. El daño económico sería enorme.

2) La sustitución del Senado por una cámara territorial con pocas atribuciones, y una Cámara de Diputados con muchas, concentrará el poder en unos pocos, y debilitará enormemente el sistema de balances y contrapesos, el cual es muy necesario para la estabilidad de la democracia y la protección en contra de las autocracias.

3) La creación de un Consejo de la Justicia conformado por 17 miembros, donde ocho serán jueces, dos serán nombrados por PP00, dos serán funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares, y cinco profesionales nombrados por el Congreso. Entre muchas otras atribuciones, este consejo nombrará y removerá a los jueces. Esta institucionalidad pone en peligro la independencia del Poder Judicial de facto, dado que la política podría buscar remover o nombrar jueces afines a sus intereses políticos y/o personales.

4) La democracia representativa debe respetar el principio de una persona, un voto; de lo contrario, habría un conjunto de ciudadanos con mayor poder político que cualquier otro. El remedio para la posible opresión de las minorías por parte de las mayorías no radica en mayor peso electoral, sino en establecer procedimientos constitucionales que los protejan de ello. De otro modo, serán esas minorías las que opriman a la mayoría por medio de utilizar su poder político desmesurado.

5) La propuesta debilita al Presidente, fortalece a la Cámara de Diputados más de lo debido, y no se hace cargo de la fragmentación y la polarización del sistema político producto de la reforma electoral del 2015, la cual modificó los distritos electorales e incrementó el número de escaños por distrito en ambas cámaras.

Indudablemente, el proceso es fallido. La Constitución deberá ser reformada ya se apruebe o rechace. La nueva propuesta deberá asegurar condiciones mínimas para que los ciudadanos puedan llevar a cabo sus proyectos vitales, dentro de un marco democrático donde se respeten los derechos fundamentales, se garantice la independencia de los tres poderes del Estado, y se asegure unidad y estabilidad política.