Columna de Felipe Balmaceda y Benjamín Villena: Acuerdo reforma previsional: No todo lo que brilla es oro

Celebramos que haya un acuerdo político para la reforma previsional. Un país no avanza cuando el antagonismo político es tal que la política no es capaz de resolver los problemas que aquejan a los ciudadanos. Sin embargo, no porque haya acuerdo, lo acordado tiene los méritos que se le asignan.

Este acuerdo tiene cuatro fortalezas: i) aumentará el ahorro, lo que implicará una caída del costo del crédito y con ello un aumento de la inversión; ii) el derecho al seguro social (pero no la Pensión Garantizada Universal) se condiciona a una cotización mínima de 10 años para mujeres y 20 para hombres; iii) un 6% del aumento del 8,5% de cotización adicional irá al ahorro individual; y iv) se licitarán las carteras de afiliados aumentando la competencia.

Sin embargo, el acuerdo tiene muchas debilidades que hacen difícil creer que logrará su objetivo. Las más importantes a nuestro parecer están relacionadas a su efecto sobre los salarios y el empleo. Estas son:

i) Aumenta la informalidad: El estudio de Joubert (2015), basado en datos de la Encuesta de Protección Social, sugiere que un aumento de la cotización podría incrementar la informalidad laboral de forma significativa. Un alza de la cotización del 10% actual a un 18,5% generaría un aumento de 4.5%, alrededor de 420 mil informales que se suman al 27% del empleo en esta situación (unos 2,5 millones de personas). También estima que la cantidad de personas que tienen densidad de cotizaciones inferior al 25%, es decir, que cotizan menos de tres meses al año durante su vida laboral en promedio, aumentaría entre 3% y 5%. Finalmente, el aumento de la tasa de cotización generaría una caída 6% en el consumo de los hogares chilenos. En las más de 170 páginas del proyecto que se difundieron, la palabra “informal” lamentablemente no aparece. Ni el proyecto ni las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo consideran las consecuencias del mayor gasto fiscal asociados al aumento de personas que se acogerán a PGU en el futuro.

ii) Empleabilidad y sustitución de trabajadores. Los costos laborales han aumentado significativamente con un salario mínimo llegando a 512 mil pesos, cubriendo al menos 18% del empleo asalariado de jornada completa. En conjunto con la reducción de la jornada laboral y una productividad estancada por al menos una década, se genera un escenario muy complejo para el empleo formal; especialmente, mujeres, jóvenes, personas de bajo capital humano y trabajadores en regiones de bajo salario promedio. De hecho, el IPoM de diciembre del Banco Central de Chile muestra evidencia de una fuerte reducción en el empleo formal de trabajadores que ganan el salario mínimo. Si además consideramos la sustitución de trabajadores por robots e inteligencia artificial que está y seguirá ocurriendo, podemos anticipar que los más afectados serán los trabajadores de menor calificación y aquellos en labores repetitivas o rutinarias.

iii) Subsidios cruzados ineficientes. Premia a quienes tienen una esperanza de vida mayor y mejor salud y castiga, relativamente, a quienes tienen menor esperanza de vida y peor salud (hombres). Esto viola la equidad horizontal como la vertical. Un hombre y una mujer con igual capacidad de generar ingresos pagarán diferentes tasas netas, y mujeres con una mayor capacidad de generar ingresos pagarán menos. La solución natural, que fue desechada por razones políticas, es aumentar la edad de jubilación de ambos grupos o, al menos, igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres. Dado el fuerte aumento en la esperanza de vida, sin ello, es difícíl que aumenten las pensiones en forma sustancial.

iv) Incidencia económica sobre trabajadores. El alza de la cotización a un 8,5% con cargo del empleador implicará una caída en los salarios reales y un aumento menor de estos en el futuro. En la realidad, las empresas usualmente traspasan al menos parte de este costo adicional a través de menores salarios para quienes son recién contratados o por la vía de menores reajustes para quienes se mantienen empleados. Los trabajadores más susceptibles de ser sustituidos, generalmente los de menores ingresos, pagarán este costo en mayor medida, o se volverán informales o desempleados. Estos cambios dejarán a un grupo grande de trabajadores con bajas cotizaciones y débiles incentivos a cotizar, especialmente tras los retiros de fondos de la pandemia y con una PGU que entrega un piso de recursos sin ninguna condición.

Los acuerdos son buenos por lo que producen y no por lo que prometen, o porque se oponen a los extremos. La reforma de pensiones involucra muchas complejidades y reducirla a una pugna en una única dimensión de reparto versus capitalización individual es una simplificación burda que puede costar muy caro porque descuida aspectos fundamentales del mercado laboral. La mayor parte de la discusión solo gira en torno a la sostenibilidad fiscal, sin considerar el impacto en informalidad en esta, ni menos en el bienestar general. La política no sólo debe buscar acuerdos, sino que también debe hacerlo con un estándar técnico que permita que los objetivos de las políticas se cumplan. Aunque muchas políticas también tienen efectos negativos imprevistos estando bien diseñadas, es necesario subsanar defectos tan evidentes ahora que existen acercamientos de las partes involucradas. Los ciudadanos no viven de buenas intenciones. Viven de su propio esfuerzo que da frutos cuando las políticas y las instituciones están bien diseñadas.

Por Felipe Balmaceda y Benjamín Villena, IPE-UNAB, LM2c2, y MIPP