Uno de los principales argumentos de la campaña del Rechazo fue sostener que era posible dotar a Chile de una nueva Constitución en democracia, sin que su texto tuviese un carácter refundacional. Para transmitir esta idea se articuló un discurso unitario, razonable y neutral, que contrastaba con el faccioso y delirante proyecto de la Convención. Esta idea permitió convocar bajo una misma opción de voto tanto a adherentes como a detractores de la Carta del 80. Permitió también a Chile celebrar el triunfo de la cordura por sobre un paroxismo sectario y fragmentador. Tras ese resultado, gran parte de las fuerzas políticas (salvo los extremos), consideraron necesario honrar la que consideraron su promesa de campaña, habilitando un nuevo proceso constitucional dotado esta vez de bordes claros.
A un año del 4S, es fácil advertir que los sectores que se sitúan en los extremos del liderazgo político, de gobierno y oposición, no se identifican con este proceso, los primeros por considerarlo poco revolucionario, y los segundos justamente, por lo contrario. Y si bien es razonable hasta cierto punto comprender su desafección, ello no los exime de cumplir responsablemente sus deberes. Cuando una democracia atraviesa procesos de cambio como ocurre en Chile hoy, se precisan líderes capaces de trascender sus visiones políticas particulares en pos de ciertas cuestiones esenciales. Líderes coherentes, pero, sobre todo, dispuestos a alcanzar acuerdos. Líderes que escuchen a sus bases, pero no al punto de caer en el facilismo populista y el cortoplacismo electoral. ¿Están nuestras autoridades a la altura de esos liderazgos?
El Presidente Boric y su equipo insisten en atrincherarse porfiadamente en una retórica que le habla sectariamente a su núcleo político duro. “Derrocar al capitalismo”, aumentar la presencia comunista, imponer una visión unívoca del 73, e incluso conservar su pertinaz validación de la violencia política y liderazgos terroristas; en fin, todo ello muy lejos de lo que se espera de un “Estadista”, llamado a fomentar la construcción de confianzas que acompañen adecuadamente el debate constitucional.
Los Republicanos, por su parte, han tenido un desempeño cuidado en su liderazgo opositor del Consejo, muy superior y no comparable al de sus antecesores. Sin embargo, se han planteado dudas válidas en cuanto a su capacidad de conducción institucional cuando hasta hace un par de días insistían en que era legítimo llamar a rechazar el proyecto si sus aliados no aprobaban todas sus enmiendas. Algunas (como la proscripción constitucional del aborto o los beneficios carcelarios para mayores de 75 años) no concitaban un umbral mínimo de consenso y por lo mismo muchos hemos cuestionado su prudencia y oportunidad. El reciente gesto de Republicanos en cuanto a desistirse o reformular algunas de esas enmiendas es una luz de esperanza: no creer en la necesidad de reemplazar la Constitución, no los exime de ejercer sus cargos con una visión de Estado que trascienda su proyecto particular de sociedad.
Ni el Presidente ni quienes integran el Gobierno, el Consejo, y el Congreso, tienen un “derecho renunciable” de ejercer funciones, sino más bien el “poder-deber” de cumplir con sus atribuciones para el bien común. ¿Respetan acaso el Estado de Derecho cuando invocando una sobrevalorada coherencia interna, sostienen que no les asiste un deber legal ni ético de renunciar a imponer su visión, privando a Chile del proyecto constitucional de consenso que tan urgentemente necesita?
Por Fernanda García, Faro UDD
