Columna de Francisca Vargas: Regularización migratoria: herramienta útil y necesaria

Nadie cruza el desierto más árido del mundo, exponiéndose a condiciones extremas o violencia, sino es porque lo que deja atrás es peor que el riesgo.

Lamentablemente, en Latinoamérica, vivimos un contexto de migración forzada, donde personas se ven obligadas a desplazarse debido a las crisis humanitarias, sociales, políticas y económicas en sus países de origen. Haití y Venezuela son ejemplos de aquello. El problema es que, en vez de encontrar oportunidades migratorias ordenadas, seguras y regulares, las personas se enfrentan con normativas y políticas migratorias irrazonables y desconectadas de la realidad de los flujos migratorios.

En Chile, el sistema de visados está pensado para una migración voluntaria, donde lo más parecido a migrar para tener la posibilidad de una vida digna y trabajar, exige un contrato de trabajo u oferta laboral previamente firmado ante notario. Ello supone una realidad donde encontrar un trabajo teniendo domicilio en otro país resulta accesible y donde los empleadores están siempre dispuestos a hacer todas las gestiones para luego esperar meses por el trabajador. Esto funciona para una renombrada ingeniera que será contratada para el arreglo de un puente del sur del país; pero no lo hace respecto de quien atenderá el mesón de una tienda de artefactos eléctricos o embellecerá las uñas de quienes gustan de aquello.

Si a esto sumamos un sistema de protección internacional deficiente, entonces, tal como ocurre en otras partes del mundo, los flujos migratorios irregulares aumentan. Cuando estamos en un contexto de migración forzada, las personas buscan salvarse sin importar las condiciones.

Entonces, ¿cuáles son las herramientas más eficaces, en esta realidad, para tener una migración ordenada, segura y regular y para garantizar los derechos humanos de quienes migran? ¿Qué herramientas permiten lograr políticas públicas que otorguen a las comunidades de acogida medios económicos y espacios físicos adecuados, y conocer los antecedentes de las personas que migran, entre ellos los penales y así poder focalizar los recursos en buscar y juzgar a los verdaderos delincuentes? Y una de las respuestas es, precisamente, la regularización migratoria.

La regularización migratoria acotada impulsada por el gobierno es una herramienta adecuada para poder lograr los objetivos anteriores, satisfaciendo tanto las necesidades de acceso a derechos y dignidad de las personas migrantes y de los nacionales que las reciben, como los requerimientos de seguridad nacional que todos, chilenos y extranjeros, anhelamos, pues permite saber quiénes son las personas que ya se encuentran en el país. Si además fortalecemos el trabajo del Ministerio del Interior y de la Policía en la ardua lucha que ya realizan contra el crimen organizado, el resultado es positivo. Sería ideal, además, mejorar nuestro sistema de visados y de protección internacional para así lograr un ecosistema migratorio que permita a las personas ejercer su derecho al libre tránsito mientras el Estado gestiona los flujos migratorios, en la luz, y se deja de darle espacio a quienes lucran con las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, que son traficantes y tratantes de personas que operan en la sombra.

Es hora de quitarse el velo ideológico de la ignorancia y entender que las herramientas realistas, eficaces y protectoras deben primar por sobre aquellos discursos populistas que provienen de realidades ajenas a las experiencias prácticas.

Por Francisca Vargas Rivas, directora Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados UDP