Columna de Francisco Cox: “Gato por Liebre” o el Caballo de Troya de la militarización

Las autoridades de gobierno y algunos alcaldes han puesto mucho énfasis en la ley de infraestructura crítica donde se le daría un rol relevante a las Fuerzas Armadas de nuestro país en las políticas de seguridad.

Al revisar el mensaje de la ley se observa que las experiencias internacionales que se citan como antecedentes tienen que ver con atentados terroristas. Así, por ejemplo, se habla del atentado en la estación de Atocha en Madrid. Por otra parte, al escuchar a distintas autoridades y líderes de opinión dar argumentos para “desdramatizar” la incorporación de militares hacen referencia a sus experiencias personales al visitar distintos países de Europa durante sus vacaciones. Es así como algunos dicen: “yo vengo llegando de París y vi a militares en las estaciones de tren.” Algo así como hacer políticas públicas desde las vacaciones.

El vincular la ley de infraestructura crítica con el crimen organizado es pasar gato por liebre por varias razones. Primero, el fenómeno al que hace frente la experiencia europea es el terrorismo yihadista. Dicho fenómeno sí busca interrumpir servicios, destruir estaciones o bloquear canales de distribución, porque su objetivo es sembrar el pánico, interrumpiendo el funcionamiento cotidiano del Estado al que ataca.

En segundo lugar, el riesgo de cooptación de militares en ese contexto es muy bajo, pues la lucha que se da por parte de los militares —y de sus enemigos, por cierto— es esencialmente cultural y religiosa. Aunque puede ocurrir, difícilmente un militar va a colaborar con el terrorismo yihadista o será cooptado por él si no comparte las profundas convicciones ideológicas que lo movilizan.

La ley de infraestructura crítica tiene poco que ver con el combate al crimen organizado. Éste necesita que los servicios públicos funcionen bien, lo que incluye que la infraestructura del país esté en óptimas condiciones: el crimen organizado requiere de caminos que funcionen, que el suministro de electricidad no se corte, etc. Por ejemplo, el cartel “Guerreros Unidos” de guerrero, México usaba buses interurbanos para transportar la heroína, de forma alguna les convenía que hubiese robo constante en ese lugar. Por el contrario, mientras más seguridad mejor para poder desarrollar su negocio ilícito.

Junto con lo anterior, el crimen organizado busca que sus productos y actividades fluyan como una transnacional. Por lo tanto, el riesgo de cooptación por parte del crimen organizado de miembros del Ejército es mucho más probable que en el caso terrorista dado que no se da una lucha cultural y religiosa. La experiencia de la región de América Latina así lo demuestra: nuevamente México es un claro ejemplo de ello. Durante la investigación por el caso de Ayotzinapa, de la que me tocó participar durante 8 años, las interceptaciones telefónicas realizadas por la DEA (la agencia contra el narcotráfico de los Estados Unidos) mostraban claramente cómo al poco tiempo de llegar nuevas autoridades militares a la zona el cartel que la controlaba lograba cooptarlas.

Asumiendo que los responsables de las políticas públicas sobre seguridad tienen muy claro las diferencias entre crimen organizado y terrorismo, entonces pareciera que estamos ante un verdadero Caballo de Troya de la militarización de la seguridad pública: a propósito de la discusión de un proyecto de ley que puede tener fundamentos plausibles en contexto de lucha antiterrorista se logrará involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, para después involucrarlas aún más en funciones propias de la policía.

Alguien podría refutar: ¿cuál es el problema de involucrarlas en el combate al crimen organizado? La primera respuesta a esta pregunta la dio el mismo Comandante en Jefe del Ejército al informar en el COSENA que ellos no están preparados para esta función, que no es su rol y, contrario a lo que dijo el subsecretario del Interior, esa falencia no se subsana con “unas capacitaciones”.

El otro problema, y quizás el más preocupante, es que la experiencia comparada relevante para nuestro país, América Latina, es muy mala. Una vez más la experiencia de México en ese sentido resulta lapidaria: uno de los carteles más sanguinarios, los Zetas, los que comenzaron con el cercenamiento de cuerpos, la exhibición de torturas y colgamiento de muertos en puentes, eran fuerzas especiales del Ejército mexicano. La decisión de involucrarlos en el combate del crimen organizado, decisión tomada bajo una retórica similar a la que se escucha hoy en el país, los puso en contacto con dichos grupos, los que terminaron cooptándolos, para luego pasar a formar su propio cartel.

Nuestras autoridades harían bien en dejar de hacer políticas públicas con base a sus vacaciones en Europa y superar el complejo de que Chile es una franja de tierra europea que al parecer se habría desprendido de dicho continente para terminar en América Latina. En su lugar, harían bien en mirar la experiencia más cercana, la de nuestra región, porque nuestra realidad: megaciudades, debilidad institucional, altos índices de corrupción, índices de pobreza, ausencia de un estado proveedor de servicios; se parece mucho más a la de nuestros vecinos que a la de Europa, y la militarización de la seguridad pública ha tenido nefastas consecuencias.

Francisco Cox, abogado.