Columna de Francisco Pérez Mackenna: “Isapres, soluciones en favor de las personas”

“No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos” es la base del juramento que estableció Hipócrates a sus colegas de todos los tiempos. De esa premisa se desprende que, analizada como actividad económica, la industria de la salud tenga varias complejidades, que fueron descritas ya en 1963 por Kenneth Arrow.

Partiendo de la base que el cuidado de la salud es un servicio y no un producto, Arrow observaba que éste tiene una demanda irregular e impredecible porque, salvo por las prestaciones preventivas, su necesidad surge frente al siniestro inesperado de una enfermedad. Una situación que conlleva un potencial deterioro de la integridad de la persona/paciente, lo que podría limitar su capacidad de pago. Otra particularidad es que el “consumidor” no puede probar el servicio antes y espera que el “proveedor” (médico) se guíe solo por un genuino interés por su bienestar. Además, la publicidad y la competencia por precio no son típicas de este sector y se supone que el consejo para un tratamiento está únicamente basado en necesidades objetivas. Asimismo, la profesión requiere de una licencia para operar que es cara por costos y tiempo de estudios, y que explica la gran asimetría de información que existe entre paciente y médico tratante.

A esa extensa lista de características particulares de esta industria se suma, entre muchas otras, el que algunas enfermedades o diagnósticos pueden elevar el costo de las necesidades de prestaciones futuras. Conocidas como preexistencias dan origen a una importante barrera para que los proveedores de seguros de salud operen en mercados genuinamente competitivos, elemento esencial para que calidad y costo de sus servicios sean óptimos.

Por todas esas razones, la salud siempre ha requerido regulaciones especiales. En este contexto se incubó la actual crisis que afecta a las isapres. Su desencadenante es un fallo de la Corte Suprema, que da continuidad a uno anterior del Tribunal Constitucional. Éste impone restricciones a los reajustes futuros de los precios y obliga a la industria a restituir a los cotizantes una cifra estimada en US$ 1.400 millones por una interpretación del fallo hecha por la superintendencia del ramo y que puede requerir modificaciones. Han surgido hasta plataformas para calcular cuánto le debe cada isapre a cada afiliado, pero se trata de montos meramente referenciales, puesto que la cifra global más que triplica el patrimonio actual de la industria, lo que transforma en los hechos esa deuda en impagable: si reconocen ese pasivo, las isapres caerían en territorio de insolvencia.

Mientras el Congreso se debate entre una ley corta que no resuelve el problema y una reforma constitucional que intenta cuadrar el círculo dando más espacio para que futuros ingresos cubran los costos, la gran interrogante es en qué pie quedarán los pacientes, los afiliados de las isapres, y los que estando en Fonasa podrían ver colapsado el sistema público por la caída de la salud privada.

Pensando en ellos, una alternativa puede ser la posibilidad de “mutualizar” la restitución, transformando el pasivo exigible del fallo en un capital de porcentaje a determinar en favor de los cotizantes. En palabras simples: la deuda podría transformarse en capital de los afiliados, cuyos dividendos serían canjeables por copagos futuros. Este cargo podría ser gasto tributario para las isapres, ya que si hubo cobros excesivos en el pasado estos fueron gravados. De esta forma, ya no se estaría frente a la insolvencia y quedarían mejor alineados los incentivos de prestadores y cotizantes.

Pero más allá de esa amenaza a su sobrevivencia, la industria debe sortear otros obstáculos que requieren modificaciones legales postergadas una y otra vez. Entre otras, regular mejor las licencias, establecer un plan universal homogéneo, y evitar que las preexistencias sean un freno a la movilidad de los afiliados. En esto último resulta interesante el planteamiento del economista John Cochrane en EE.UU. En Chile implicaría que las isapres aseguren el costo del cambio, permitiendo que los futuros enfermos crónicos recuperen la libertad de cambiarse, pues contarían con capital para financiar esas mayores primas. Aún sería necesario regular el cómo restituir la libertad de elección a quienes hoy ya presentan preexistencias.

Alternativas hay. Pero lo que está claro es que Chile debe evitar la caída de una industria que asegura hoy a tres millones de afiliados, y evitar el impacto previsto en la red privada de salud que atiende a 10 millones de personas. Es hora de dejar la ideología en el cajón y resolver el problema con pragmatismo. Si la revolución francesa se detonó por el precio del pan, y el estallido social por 30 pesos en el valor del Metro, ¿qué esperar de la frustración que podría surgir de personas que se quedan de la noche a la mañana sin la cobertura de salud que hoy tienen y de quienes verían mucho más postergadas aún las atenciones que requieren?