Columna de Francisco Pérez Mackenna: “La carreta delante de los bueyes”
"Chile ha construido una red internacional que contempla 31 acuerdos comerciales, de los cuales 26 son TLC, siendo el país con más tratados de este tipo en el mundo, accediendo a casi el 90% del PIB y a más del 60% de la población del mundo".
El proyecto de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de iniciar un proceso de consulta ciudadana para conocer posturas, y “legitimar” la política de comercio exterior del país, me recordó el refrán con que se titula esta columna. Cuando los pasos para lograr un propósito rompen su coherencia, ello equivale a poner los bueyes detrás de la carreta. Chile lleva casi 30 años profundizando su intercambio con el mundo a través de tratados de libre comercio (TLC). Los requisitos para aprobar un acuerdo de estas características, que corresponde a una política de Estado y no de la administración de turno, incluyen que sea suscrito por el gobierno, ratificado por el Congreso Nacional, y que la Contraloría tome razón.
En una democracia, las autoridades electas por sufragio popular representan a la ciudadanía. Ellas son electas por votación con sufragio universal a través de un sistema transparente y cautelado por el servicio electoral y los tratados vigentes han sido firmados con nuestros socios comerciales cumpliendo con todos los protocolos de la ley. Por ende, ¿qué hay que legitimar? En cambio, ¿cuál es la legitimidad de una consulta no vinculante en la que participa el que quiera y sin mayor información ni análisis?
El primer tratado de libre comercio que firmó Chile lo hizo con Canadá durante la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en diciembre de 1996, y se ha ampliado varias veces para incluir nuevos bienes y servicios. Desde entonces, Chile ha construido una red internacional que contempla 31 acuerdos comerciales, de los cuales 26 son TLC, siendo el país con más tratados de este tipo en el mundo, accediendo a casi el 90% del PIB y a más del 60% de la población del mundo. Hoy, esos acuerdos no sólo están vigentes y tienen a otros países como contraparte, sino que forman parte integral del tejido productivo de Chile, que ha incorporado las oportunidades que los TLC entregan.
Consultas extemporáneas de este tipo siempre generan preocupación e incertidumbre, por mucho que no sean vinculantes y habitualmente no sea posible concluir nada con significancia estadística. En cualquier caso, sería importante saber de antemano cuál es el tenor de las preguntas y qué exactamente se piensa hacer con las respuestas.
La prensa no se demoró en atribuir la iniciativa impulsada por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales a los postulados de uno de sus referentes, el economista coreano Ha-Joon Chang. Éste piensa que los acuerdos nos han transformado en una economía puramente extractiva, impidiendo que nuestro desarrollo sea más pleno. Chang, resucitando tesis que imperaron sin éxito en los años 60, cree que lo que hace falta es más política industrial con intervención del Estado, emprendimiento que sería difícil con lo que describe como una suerte de camisa de fuerza de TLC entre países disímiles en su nivel de desarrollo.
Largo sería entrar al debate de si a un país como Chile le va mejor con tratados como los que tenemos o con las ideas de Chang. Y aunque parecía que el jurado ya había deliberado ese asunto votando a favor de la apertura que se ha conseguido con los TLC y el claro progreso que han traído a las naciones, lo que podría subyacer en esta iniciativa es el cuestionamiento de si nuestra apertura comercial es compatible con el Estado de bienestar (o de derechos sociales) que se pretende instaurar, tanto en el programa de gobierno como en la propuesta de nueva Constitución.
Chile pertenece a la Ocde, pero no es la Ocde. Apenas nos acercamos a la mitad de su PIB promedio. Ello implica que nuestras comparaciones se hacen con quienes tienen más recursos y menos necesidades. La duda está en la gran presión sobre el gasto público que generarán los derechos sociales y la expectativa de los mercados de que aquello no se pueda financiar solo con impuestos. Ello debilitaría nuestra capacidad de competir internacionalmente, provocando mayor inflación y déficits tanto en la balanza comercial como en la cuenta corriente.
Jean Tirole, el economista francés y premio Nobel de Economía, en la primera página de su libro Economics for the Common Good, nos recuerda que frecuentemente creemos lo que queremos creer más que aquello que nos revela la evidencia. A propósito de este sesgo cognitivo, concluye que “cuando estas creencias son agregadas, ellas determinan las políticas económicas, sociales, científicas y geopolíticas de un país”. Siguiendo a Tirole, cambiar nuestra tan arraigada apertura comercial requiere construir la percepción en el imaginario colectivo de que los actuales acuerdos comerciales con los países desarrollados no nos convienen. ¿Qué mejor que empezar con una consulta retórica?
