Columna de Francisco Pérez Mackenna: “Solo 6.300 familias”

En el mensaje del proyecto de reforma tributaria, reiterado una y otra vez en las presentaciones de la autoridad al respecto, se enfatiza que esta iniciativa no afectará al 97% de la población, y que el impuesto a los llamados “súper ricos” gravará “solo” a 6.300 familias, un 0,2% del total. No es raro, por tanto, que la última encuesta Cadem revelara que más de un 70% está de acuerdo con aplicar un tributo especial a las personas con patrimonios superiores a los 4,9 millones de dólares y subir la carga a quienes ganan un sueldo de más de 4 millones de pesos mensuales. En este contexto, la verdadera sorpresa es que haya al menos un 23% que no está de acuerdo con tales medidas que son populares en sus anuncios, pero de cuestionables efectos no percibidos.

¿Se pueden financiar programas sociales cargándole la mano al 0,2% de las familias del país? ¿Cuán real es que estos impuestos solo los pagarán quienes forman parte de ese segmento?

La idea de cobrarle únicamente a una minoría se afinca, entre otros, en los postulados del economista José Gabriel Palma, profesor de Cambridge. Según él, las diferencias en la desigualdad entre los países se explican por la brecha entre el 10% que recibe mayores ingresos y el 40% que obtiene los menores. Disminuir desigualdad implicaría, por tanto, quitarle al 10% superior para darle al 40% inferior. En la misma línea se sitúa la proclama “Tax the rich”, original de la parlamentaria Alexandria Ocasio-Cortez de EE.UU., promovida también por Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, entre otros académicos.

Hace muchos años, Aaron Director, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, identificó una regla según la cual los gastos del Fisco se hacen en beneficio de la clase media y son financiados por ricos y por pobres (*). La razón de esto radica en que cuando un grupo de la sociedad toma control del poder coercitivo del Estado, utiliza ese poder para mejorar su propia posición, beneficiando a la clase media por ser clave para conseguir el 51% necesario para ganar elecciones. Refraseando a Palma, ello implicaría que la diferencia en la desigualdad entre los países provendría de a qué grupo y en qué proporción se le extrae más renta desde la coalición gobernante, si a los ricos o a los pobres.

El punto es que el gravamen a “los ricos”, lo que hace es aumentar el costo del capital. Entonces, si bien en el corto plazo pudiera existir una mayor recaudación, el efecto final de la medida es también un mayor costo para las inversiones, lo que naturalmente se traducirá en un alza de precios para ajustar márgenes y mantener competitividad. En el nuevo equilibrio, la economía podría así hacerse más pequeña, los precios mayores y, como nos recuerda Director, el 40% más pobre terminaría también pagando el alza.

Además, la propuesta de impuesto al patrimonio resulta confiscatoria contra esas 6.300 familias aludidas en el discurso oficial. Ello, debido a que al sumar su impuesto a la renta con el de patrimonio, quienes tengan, por ejemplo, más de US$ 15 millones, se les extrae el 100% o más de su retorno de capital y, por tanto, sus derechos de propiedad pueden ser seriamente afectados. Si consideramos activos financieros como los pagarés reajustables del Banco Central a 5 años (BCU5), que hoy rentan 1,72%, el contribuyente tendría que cancelar 43% de 1,72% (0,74%) como impuesto a la renta, y luego 1,8% como impuesto al patrimonio, lo que suma 2,54%. Es decir, un monto mayor al retorno completo de su inversión. Algo similar ocurre con el retorno esperado de las acciones ajustado por riesgo y con los bienes raíces de renta, cálculos que omito por razones de espacio, pero que muestran que un patrimonio diversificado debiera tener en Chile, después de estos impuestos, un retorno negativo real esperado cercano al 0,5%.

A ello se suma la propuesta original del exprecandidato comunista, Daniel Jadue, que fue recogida por el gobierno en su proyecto de reforma, que pretende establecer un “exit tax” de 5% a quienes cambien su residencia tributaria. Una medida que atenta contra la libertad de circulación contemplada en múltiples legislaciones, y que no formó parte de la presentación efectuada por Hacienda al anunciar la iniciativa. Tal vez, lo que subyace bajo esa sorpresiva determinación es el temor de que una confiscación de toda la renta del patrimonio pueda empujar a muchas personas a emprender en otras latitudes, lo que haría humo la recaudación que se pretende.

(*) Stigler, G. (1970), Director’s law of public income redistribution, JLE.