Alea iacta est, o “la suerte está echada” corresponde a la célebre frase que se atribuye a Julio César en el año 49 a.C., cuando cruzó el río Rubicón en contra de las prohibiciones del Senado romano. Uno podría caer en la tentación de enfrentar con ese ánimo la reforma previsional ya aprobada y recientemente publicada en el Diario Oficial. Para quienes nos opusimos a ciertos elementos centrales, a la falta de información dura y, particularmente, a una tramitación legislativa vergonzosa por su velocidad y falta de rigor, resignarse a la publicación sería lo obvio, pero no lo responsable. Es allí donde hay que poner la energía hoy, para que la reforma tenga efectos e impactos en las personas y no se convierta en la forma de desnaturalizar la misma por la presión política.

La etapa de implementación de la reforma -que durará al menos dos años hasta que la misma esté plenamente “en régimen” y aún espera varios elementos por ajustar-, obligará a tener ojos muy vigilantes.

Es un hecho político que parte de la coalición oficialista, especialmente el PC, ha quedado, “cumbia” de por medio, dañado en la interna por lo conseguido. Jara es la “reaccionaria entreguista” a la que desde su reclusión preventiva domiciliaria Daniel Jadue (el favorito del partido) intenta frenar como candidata presidencial. El costo para el PC, y en parte del Frente Amplio, es alto ante sus electores, y la factura al gobierno del Presidente Boric se va a cobrar en un año clave. Por lo mismo, la implementación es un acto que, silenciosamente y fuera de las luces de la prensa, puede ser usado para atender y ceder aquéllos elementos que para parte de la coalición oficialista son impresentables.

En otras palabras, es falso que la reforma se promulgó y no hay más. Queda mucho por meditar, planificar y avanzar. En particular, preocupa el impacto de la reforma en el mercado laboral, y, en ese sentido, será clave ver cómo empleados y empleadores se irán adaptando a los cambios. ¿Veremos más ahorro? ¿Será que la reforma invitará a más chilenos a cruzar el Rubicón y pasarse a la informalidad laboral, dado que los primeros puntos de cotización no van a las cuentas individuales si no que a un Fondo Estatal (el FAPP) que pagará beneficios definidos?

Por estos días llama la atención una reciente publicación de un estudio de la consultora Mercer sobre cómo las empresas que emplean a trabajadores con sueldos bajos —por debajo del límite imponible de $3,4 millones— tendrán que enfrentar un incremento en los costos de hasta un 47% más alto en comparación con aquellas que cuentan con personal más calificado, sólo por esta reforma. Resulta entonces evidente que sectores como el agrícola y el forestal serán los más afectados, industrias que son muy relevantes en la zona centro sur, que necesita de incentivos hacia la productividad y el crecimiento, y no más costos laborales (por loables que éstos sean). Sumemos que dichas industrias han sido dañadas ya, en los últimos años, por la delincuencia rural, el terrorismo, las inundaciones e incendios.

¿Estamos haciendo todo lo que podemos para sortear estos problemas? ¿Dónde está el foco en el crecimiento económico mientras en el seno del gobierno aún persisten voces que creen en el decrecimiento? ¿Avanzaremos en eliminar la burocracia y la permisología de los proyectos, mientras los servicios públicos suman y suman cortapisas y solicitudes contradictorias? Perdonen que me desvíe, ello si mientras el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad tiene detenidos 15 proyectos de inversión equivalentes a US$7.609 millones. Todo lo anterior mientras en desarrollos como la construcción del nuevo Instituto del Cáncer se exijan áreas verdes para refugio de arácnidos, insectos y otras hierbas. O cuando en el nuevo Hospital de Rengo los informes detienen el avance por estudios de anfibios y reptiles, esto es, “sapos y culebras” o en el nuevo Hospital de Melipilla se exigen estudios de lagartijas y serpientes locales. Aún más insólito cuando en el nuevo Instituto Neurológico el Estado solicita implementar la técnica de reforestación japonesa de “miyawaki” ¿Cómo se avanza en empleo si el Estado detiene la inversión en hospitales claves para la vida de personas? Entonces cabe preguntarse lo obvio: ¿cómo será ello en desarrollos productivos?

Frente a los ejemplos anteriores, está claro que en la fase de implementación de la reforma previsional, se requiere, además de ser cuidadosos con los impactos laborales, tener atención con los cambios estructurales que se le hagan al sistema. Esto con el fin de no dañar las rentabilidades futuras de los pensionados. Como todos sabemos, la rentabilidad es lo más importante, y un punto más de rentabilidad implica un 20% o 25% más de pensión al final de la vida laboral. Así, los cambios en esta fase de implementación que pongan límites muy estrictos (como los fondos generacionales) o que vengan a liquidar activos rentables cuando no se debe (como la licitación de afiliados) tendrán que diseñarse con una mirada más técnica que política. En esa línea, los legisladores pronto deberán abordar la institucionalidad del sistema previsional: ¿La Superintendencia de Pensiones (SP) incrementará sus atribuciones administrativas y regulatorias? En un foro hace unas semanas atrás el propio Superintendente señaló que convertir a la SP en un ente colegiado como la Comisión del Mercado Financiero (CMF) era un debate que tenía que estar sobre la mesa. Este y otros “detalles” determinarán el fondo y alcance de la reforma y muchas veces podrán incluso ser zanjados, con mayor opacidad, por la falta de espectacularidad para los medios, entre cuatro paredes. Como decía una amiga abogada en una columna sobre este punto, y a quien respeto mucho: “el diablo está en los detalles”. Y vaya que aquí existirán detalles técnicos complejos pero muy determinantes.

Vuelvo a la analogía inicial. ¿Qué pasará si las decisiones en esta etapa de implementación no son tomadas con un foco técnico? ¿Qué efectos tendría en la rentabilidad de los fondos si por ideologías de carácter político se deja mal diseñado el paso desde los multifondos a un sistema de fondos generacionales? ¿O qué pasaría si por el deseo ideológico de dañar a las “odiadas AFP” – por parte de la coalición gobernante- el Gobierno empuja barreras muy laxas para crear inversores de fondos y personas sin bagaje, ni historial que comiencen a fundar AFP y manejar los fondos de los chilenos?

Por las respuestas a estas preguntas es importante que no “dejemos la reforma a su suerte”. El mundo político debe cumplir su rol supervisor, pero es importante que no se politice la implementación. El debate debe mantenerse en una faceta técnica, y que se cumpla el adagio que todo buen asesor legislativo conoce: “que no se intente hacer por reglamento lo que no dice la ley” y he aquí el gran riesgo.

Para cumplir este objetivo, sería muy positivo que desde el gobierno, el Congreso y la academia, que cumplirán un rol en la implementación, se abran las puertas y se invite a todos los que saben, indiferente a su posición política, a las mesas técnicas donde se desarrollará dicho trabajo. Pero la invitación no debe ser simbólica, tiene que ser en un ánimo de un diálogo franco y real. De ello depende poder calibrar las próximas décadas y que las pensiones futuras sean dignas para todos los chilenos, de lo contrario a punta de reglamentos y decretos, la ley, que ya tiene problemas, puede terminar siendo desnaturalizada por criterios políticos y la presión evidente que ven en esta reforma la claudicación del Presidente Boric de más espacio para las AFP, tal como lo han declarado.

Por Gabriel Alemparte, abogado.