Aunque pueda parecer de perogrullo, en los tiempos que corren, hacer una defensa del Derecho parece ser algo no solo necesario, sino que urgente. Hoy el Derecho también está en crisis, pero esa crisis no es más que un síntoma de la deslegitimación y descrédito que viven las instituciones en Chile. Recordemos que las normas son fruto de la deliberación política que se da en el seno del Congreso Nacional, o fruto de decisiones políticas que toma el Poder Ejecutivo. La democracia también cumple una función legitimadora del Derecho, tanto en su contenido como en el proceso de formación de dichas normas. Sin embargo, cuando las instituciones democráticas entran en crisis, una de sus víctimas es la imperatividad de las normas.
Lo que antes parecía evidente, como lo es la necesidad de resguardar el orden jurídico democrático, ahora es objeto de las más variadas impugnaciones, a veces soterradas, otras, explícitas. Ahora, se omite la institucionalidad y se apela al “sentido común”, o al conocimiento del “deseo” de la ciudadanía, donde el Derecho es un obstáculo. Tamaño caos.
Esta búsqueda de representar el “sentido común” o el deseo ha penetrado en las mismas instituciones. Es así como vivimos un clima de creciente anomia, en el cual las personas y autoridades parecen ser titulares de una soberanía fuera de la ley, una develada por sus “vivencias o trayectorias de vida”. Ejemplos hay muchos y en distintos niveles; autoridades que impiden el desarrollo de actividades económicas, en nombre de agendas particulares, otras que pagan sobresueldos inventando horas extras, o cuando se usan sumarios por parte de autoridades para el disciplinamiento o persecución de funcionarios.
Por eso es importante recordar que el Derecho es un bien indispensable, que no solo ofrece estabilidad en las relaciones sociales, a través de instituciones y normas que conforman una arquitectura conceptual de valores y pautas de conducta compartidas, ofreciendo sentido a la vida en común. Sino que también su resultado proviene de una deliberación democrática e histórica, mediante la cual los ciudadanos nos hemos puesto de acuerdo en las normas comunes y la manera de proseguir ese proceso deliberativo e histórico.
Es decir, sin Derecho no hay camino común ni democracia posible. Sin Derecho no hay seguridad ni previsibilidad. Sin el Derecho no hay libertad ni igualdad posible. La crisis institucional trae aparejada la tendencia a la anomia, y como consecuencia de lo anterior, la inseguridad, la incertidumbre, la autotutela.
No se trata que el Derecho sea una camisa de fuerza a los cambios sociales, al progreso y en general a las legítimas demandas que anhela la ciudadanía, al contrario, lo que sostenemos es que el Derecho es el cauce natural por el cual debe conducirse toda sociedad que aspira a un futuro próspero. La anomia, la degradación de las instituciones y la pérdida de respeto al ordenamiento jurídico, indefectiblemente nos llevarán en la dirección contraria.
En efecto, si las instituciones democráticas no son capaces de procesar de manera rápida, concreta y eficiente su propia crisis, no sólo el edificio institucional y democrático se encuentra en riesgo, sino la eficacia del propio Derecho, que constituye uno de los pilares básicos para el desarrollo del país, de la convivencia pacífica, respetando la individualidad y al mismo tiempo reconociéndonos como una comunidad diversa, con valores comunes.
Gabriel Osorio y Cristóbal Osorio, abogados.
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