Ningún editorial ni columna de opinión es suficiente para abordar la grotesca crisis del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cuyo propósito debe ser promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile, y no solo de algunas.
La captura ideológica del Instituto -y su instrumentalización- como lo señaló su renunciado exdirector Sergio Micco, es irrefutable y así quedó en evidencia en estas últimas semanas. Nuevamente el disfraz de los DD.HH. ha sido una espuria máscara para usar una institución en apariencia autónoma en agendas sectarias. Tal fue el caso con la querella interpuesta excediendo sus facultades legales, por la develación de mensajes entre un ex funcionario público y un exjuez. Ella solo pretendió enlodar a un candidato en la próxima elección municipal, rival de la actual alcaldesa comunista de Santiago, y de paso prefabricar una causal de inhabilitación futura para una ministra de la Corte Suprema en causas del mismo INDH. Hasta ahí vulgares, pero ilegales e inconstitucionales conductas.
Sin embargo, las actas del INDH revelaron una situación mucho más grave: la negativa inicial de su directora Consuelo Contreras de manifestarse contra los crecientes actos antisemitas que están teniendo lugar en Chile y que afectan a decenas de miles de chilenos de origen judío: cancelación de profesores judíos, vandalización de instituciones judías, graves amenazas a estas y sus dirigentes, profusión de mensajes de odio y agresiones a la rectora de la Universidad de Chile por negarse a romper relaciones culturales con universidades israelíes. En términos simples, pretendió omitir sus deberes legales y relativizar actos atentatorios contra los DD.HH. de ciudadanos chilenos por el solo hecho de ser judíos, haciendo letra muerta del derecho internacional de los derechos humanos que comprende y rechaza al antisemitismo al consagrar y proteger el “derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.
El antisemitismo no es sino el odio contra los judíos. Sorprende por lo mismo que la tardía declaración efectuada este lunes, si bien reconoce la existencia de actos de dicha naturaleza, solo se enfoque en el agravio a la rectora de la Universidad de Chile y no destine una sola palabra a los graves hechos que han afectado a la comunidad judía en Chile. Respecto de ellos no hay solidaridad ni empatía, solo silencio. Al ignorar su sufrimiento ante la grave ola de hechos antisemitas que impunemente tienen lugar bajo un gobierno cuyo Presidente, con sus dichos y actos, por ignorancia o descuido, estimula los mismos, se incurre en lo que Hannah Arendt describió en “Los orígenes del totalitarismo”: es la sociedad política -en la especie el INDH por medio de su directora y sectores de ultraizquierda- quienes definen a los judíos y determinan su posición, dejándolos en el vacío y privándolos de sus derechos humanos fundamentales.
Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho, Universidad de Chile
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