En el humor popular “pasar agosto” es señal de fortuna y buena salud. Análogamente, en política con cierto alivio se podría afirmar que hemos pasado septiembre. Dejamos atrás un mes marcado por la falsa impostura de recrear o hacer retroceder el país a 1973 en un banal ejercicio de memoria permeado por la propaganda oficial y su estéril intento de reescribir la historia. Sin embargo, al pasar septiembre, se nos apareció diciembre y el plebiscito que dilucidará si los chilenos quieren optar definitivamente por una nueva Constitución o legitimar democráticamente la actual.
En palabras de Paul Valéry, citado por el filósofo español Daniel Innerarity, el tiempo y en especial el político se ha acelerado vertiginosamente. Ello explica que figuras y demandas políticas emerjan rápida e inesperadamente pero también se desgasten, olviden o desilusionen con la misma celeridad. Estamos ante la “abreviación general del tiempo”.
Así, el tema constitucional que se tomó la agenda del país hace cuatro años, hoy nos parece anacrónico e irrelevante. Lo que hace poco muchos describían como la experiencia de un “momento constituyente”, hoy ya es parte del pasado. Las demandas ciudadanas ahora se vuelcan a otras temáticas que se deben abordar y resolver. No estamos ante un problema de “fatiga” constitucional como se asevera, sino de prioridad constitucional. Los problemas de Chile no se esconden bajo la alfombra constitucional.
Sin embargo, superar el “momento constituyente” no implica que la estela de daño institucional y los estragos causados al Estado de derecho para llegar a él se olviden. El daño está ahí y debemos repararlo. La anomia, contiendas de competencia, y porque no decirlo, el deterioro de la actividad política como un todo, subsiste y el primer paso que Chile debe dar es detener la inercia de este carrusel en movimiento. Ello se logra indistintamente aprobando en diciembre una nueva Constitución o bien renovando la confianza en la actual, que como ha quedado en evidencia -aunque perfectible- es más resiliente y consistente de lo que pensaban quienes la atacaron. Bajo su vigencia nuestra democracia se ha profundizado, y Chile ha solucionado innumerables conflictos y administrado debidamente el equilibrio entre los poderes del Estado. En el intento precipitado de desecharla pusimos en riesgo la convivencia nacional que en tiempos de polarización es tan difícil de alcanzar.
Hoy, con la perspectiva del tiempo, se puede afirmar que la irrupción de la demanda de cambio constitucional en el marco de una asonada para defenestrar a un gobierno en ejercicio no tenía anclaje ciudadano y por lo mismo se puede desdramatizar el plebiscito de diciembre. Con una nueva y buena Constitución, o con la vigente, Chile debe retomar el rumbo de certezas, seriedad, orden y seguridad necesarios para recuperar el tiempo perdido en estos años.
Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho U. de Chile
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